La Fiscalía, sin embargo, tiene un enorme interés porque esa duda se disipe en el menor tiempo posible. Por esa razón, desde hace menos de dos semanas a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llegó una comunicación de un despacho de la Unidad de Derechos Humanos, preguntando el estado en que se encuentra la acción de revisión que, desde el 2011, se radicó en ese alto tribunal.
Desde ese año, la Fiscalía busca que la Corte Suprema desempolve el expediente de Suárez Corzo por concierto para delinquir que, en el 2005, archivó un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Ya antes un fiscal antiterrorismo se había inhibido de investigar al exalcalde de Cúcuta por algunos asesinatos; acusación que Suárez Corzo desechó con una sencilla frase: “Por las mismas muertes me investigaron por paramilitar y guerrillero al mismo tiempo”. A lo largo del proceso, su abogado defensor sostuvo que los testigos en contra del exalcalde habían sido sobornados por dos agentes de la Dijín, y que por eso luego se habían retractado.
La Fiscalía, sin embargo, cree que Ramiro Suárez Corzo, tal como lo han testificado exparamilitares como Jorge Iván Laverde Zapata (alias El Iguano), sí recurrió al Bloque Frontera de las AUC para llegar a la Alcaldía de Cúcuta en el 2004. En otras palabras, para la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, hay indicios de que Suárez Corzo fue un parapolítico más. Lo mismo consideró el Tribunal Superior de Bogotá cuando, al condenar a Suárez por el asesinato de Alfredo Flórez Ramírez en el 2011 a 27 años de prisión, resaltó que las pruebas que esa corporación había conocido la llevaba “a colegir que eventualmente podría estar incurso” en el delito de haberse relacionado con los ‘paras’.
La Corte Suprema, no obstante, ha mantenido silencio durante dos años sobre si se reabre o no el expediente Suárez Corzo por parapolítica. En sus manos está también definir si se mantiene o se tumba la condena contra el exalcalde por el asesinato de Alfredo Flórez. Ese proceso, sin embargo, está en la palestra pública desde hace un par de semanas, luego de que los magistrados de la Sala Penal María del Rosario González, José Leonidas Bustos y Javier Zapata denunciaran penalmente, ante el propio fiscal general Eduardo Montealegre, a Javier Suárez Corzo, hermano de Ramiro, por haber asegurado que a esos tres altos jueces se les enviaron $800 millones “para colaborar”.
@dicaduran