Fiscalía investigará contratos de Eduardo Montealegre con firma de Natalia Springer

Tomada de La F.M. / Tomada de La F.M.

 La Fiscalía General de la Nación anunció que se abrirá una investigación a los contratos celebrados por este mismo ente acusador con la firma de la politóloga Natalia Springer, que ascienden a más de 4 mil millones de pesos. Esto después de la denuncia presentada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías ciudadanas de Colombia, quien pidió poner lupa a dicha contratación directa hecha por el Fiscal General, Eduardo Montealegre, ante un posible detrimento patrimonial.

“Atendiendo la importancia de los hechos indicados en la denuncia presentada por el señor Pablo Bustos González, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Veedores sin Fronteras, este despacho considera justificado asignar especialmente el conocimiento de la investigación que por ellos se origine a la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que lo asuma hasta su culminación, así como todos aquellos asuntos que se originen o relacionen con ella”, indica la resolución número 2705 expedida por la Fiscalía.

La firma de Natalia Springer fue contratada para brindar “asesoría, acompañamiento y apoyo jurídico y técnico (…) para el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales/internacionales cometidos por el grupo armado Eln”. No obstante, sus funciones han sido fuertemente cuestionadas frente al gran monto de dinero destinado para su investigación y los resultados, hasta el momento revelados, que no arrojarían datos diferentes a los ya revelados por otros entes del estado.

Y es que el 29 de octubre el Fiscal, junto a Springer, presentó uno de los avances de la polémica investigación, un resumen de 46 páginas en los que se explican los métodos aplicados y se cita, además, fuentes como el Sistema de Información Geográfica del Agustín Codazzi o Ecopetrol. Se trató del primer esbozo oficial sobre el trabajo de la firma de Natalia Springer del que quedaron muchas dudas, pues la ausencia de conclusiones de éste, más allá de un torrente de números sin análisis, las metodologías no explicadas y la valoración del impacto ambiental que han tenido los ataques a los oleoductos, dejó sin saber con claridad cuáles de esos ataques se le pueden atribuir al Eln. (Vea: El informe Springer sobre el Eln)

No es la primera vez que alguien solicita que se rinda cuentas sobre dichos contratos; para septiembre de este año, desde el Congreso de la República surgió una iniciativa para hacerle rendir cuentas a la Fiscalía General de la Nación sobre el posible desbordado gasto de recursos públicos en la contratación de asesorías externas, esto después de que el Fiscal se negara a asistir al Congreso para responder por la polémica contratación y al confirmarse que constitucionalmente el legislativo no puede llamarlo a control político.

Resta conocer los resultados de la investigación del ente acusador a su propio Fiscal.