Fiscalía investigará a funcionarios del Inpec que incumplan traslados de procesados

El director nacional del Sistema Penal Acusatorio, Camilo Burbano manifestó que la Fiscalía General investigará a miembros de la guardia carcelaria del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) quienes protagonizan un cese de actividades en la denominada “operación reglamento”.

Burbano aseguró que esta actuación ha dificultado la remisión de internos de diferentes cárceles y Unidades de Reacción Inmediata (URI) del país a los juzgados “pese a que los jueces ya le han resuelto la situación jurídica”.

“Esto ha dado como resultado un gran congestión en las cárceles al punto que se está poniendo en riesgo la salud de las personas que se encuentran detenidas generando problemas de derechos humanos inclusive mayor al que siempre se ha tenido en cuanto a hacinamiento”, precisó.

El representante de la Fiscalía puso como ejemplo el caso de la URI de Engativá, en el norocccidente de Bogotá, donde las personas están siendo custodiadas por fuera de las instalaciones puesto que ya no hay espacio. “Todo esto ha generado retrasos en las audiencias del sistema penal acusatorio, puesto que los jueces han tenido que aplazar las diligencias judiciales”.

Las exigencias 

Fredy Machado, vocero de Asonal Judicial aseguró que debido a esta “operación” varios internos podrían recuperar su libertad bajo la figura de vencimiento de términos puesto que ha sido imposible el traslado a los despachos judiciales.

Para Machado el riesgo es que "se vencen los términos y esto afecta la dinámica de los procesos” por lo que aseguró que en cumplimiento de la ley los jueces se verían obligados a tomar una decisión de fondo ya que esto no es culpa de los internos.

"Pero entiendo que la postura que tienen los funcionarios del Inpec obedece a una negociación colectiva. El llamado es al Gobierno y al Ministerio de Justicia, para que resuelva el problema del conflicto laboral que tiene el Inpec porque las consecuencias las sufre la justicia que no puede estar sometida a este tipo de cosas", explicó.

Los funcionarios del Inpec piden mejores condiciones laborales, indicando que debido al hacinamiento en todos los centros carcelarios y penitenciarios su integridad corre riesgo.

Por su parte, Alejandro Álvarez, del sindicato del Inpec, manifestó que se ha tomado la decisión de no recibir más personas si al centro al que son enviados supera el límite exigido por la ley. En este punto puso como ejemplo el caso de La Picota de Bogotá la cual tiene un sobrecupo del 70 por ciento.

“Seguimos en el plan reglamento. No es una obligación recibir más internos si en las cárceles se supera el 20 por ciento de hacinamiento (…) por eso aplicamos nuestro plan reglamento que no es diferente a cumplir con lo que la ley nos obliga", explicó