Después de la reciente exhumación de los restos de Carlos Pizarro, sus familiares denunciaron la desaparición de algunas pruebas de su caso, con el fin de desviar la investigación.
Una de ellas fue la fundición del arma con la que mataron al excomandante del M-19, por lo cual la Fiscalía ordenó una investigación al respecto.
Los familiares aseguran que hubo una depuración de archivos y material probatorio que supuestamente no era de relevancia, lo que se llevó a cabo durante la transición del sistema penal acusatorio, conocido como la ley 600, al nuevo sistema oral, la ley 906.
Ante esta situación, la Fiscalía decidió investigar quiénes y por qué procedieron a fundir el arma de fuego, sobre todo teniendo en cuenta que el asesinato fue declarado como como delito de lesa humanidad.