El fiscal General, Eduardo Montealegre manifestó que se están adelantando las investigaciones para establecer el origen de la base de datos de un grupo de dirigentes políticos, defensores de derechos humanos y periodistas, relacionados con el proceso de paz, y la cual estaría en poder de la Central de Inteligencia Militar del Ejército (CIME).
El jefe del ente investigador calificó estas denuncias como “sumamente grave para la democracia” puesto que se estaría recolectado esta información de manera ilegal sobre un grupo determinado de personas. “Yo creo que a partir de la Constitución Política de 1991 nosotros constituimos una de las cartas de derechos fundamentales más protectoras de Hispanoamérica”.
"Ese discurso constitucional del 91 tiende es a la protección de los derechos fundamentales, la libertad de prensa, la libertad de expresión e indiscutiblemente conductas al margen de la ley que tiendan a quebrantar ese principio del derecho a intimidad, que es sagrado en una democracia, constituyen en atentados muy graves contra el Estado de derecho", señaló el Fiscal General.
Igualmente manifestó que actualmente se adelantan varias investigaciones relacionadas con la recolección ilegal de información, entre las cuales se encuentra la denominada Sala Andrómeda -en la que trabajaban varios militares- y las interceptaciones adelantadas por un grupo de ‘hackers’ a personas relacionadas con las negociaciones de paz que se adelantan con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba.
“La Fiscalía General va a investigar a profundidad para solicitarle a los jueces que actúen con toda contundencia demostrar responsabilidad de servidores del Estado”, precisó Montealegre quien explicó las líneas de investigación que se adelantan desde hace varios hechos por estos hechos similares y los cuales estarían relacionados.
El Fiscal General aseguró que la Carta Política y la ley protegen la libertad de prensa, hecho por el cual cualquier acto en su contra afecta al Estado Social de Derecho y la democracia en general.