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Judicial 11 Dic 2012 - 7:55 am

Carrusel de la contratación

Fiscalía le imputará cargos al abogado Álvaro Dávila por el 'carrusel'

Tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir, interés ilícito en la celebración de contratos y cohecho.

Por: Elespectador.com
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Foto: Archivo particular

Ante un juez de garantías, un fiscal delegado ante la Corte Suprema le imputará tres delitos y solicitará medida de aseguramiento en contra del abogado Álvaro Dávila por su presunta participación en el llamado ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.

El abogado, reconocido por asesorar jurídicamente al llamado Grupo Nule, tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir, interés ilícito en la celebración de contratos y cohecho por las irregularidades que rodearon la entrega de multimillonarios contratos viales a un grupo de contratistas a cambio de una comisión.

El pasado martes, el fiscal General, Eduardo Montealegre señaló que se están realizando negociaciones con Dávila para establecer algún tipo de colaboración; pero, “mientras esto culmina, la decisión de la Fiscalía es imputar y solicitar su detención preventiva”.

Igualmente, para el próximo jueves 13 de diciembre está programada la audiencia en la que se le imputarán nuevamente tres delitos al contratista Julio Gómez por esos mismos hechos de corrupción administrativa en la capital de la República.

En esta oportunidad, Gómez tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir, interés ilícito en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Igualmente la Fiscalía solicitará que se le interponga medida de aseguramiento.

Vale recordar que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá anuló el preacuerdo pactado entre la Fiscalía, indicando que se presentaron fallas durante la negociación, la entrega de beneficios y el compromiso de reparación a las víctimas.

El pasado lunes, la Fiscalía radicó en el centro de servicios del complejo judicial de Paloquemao el escrito del preacuerdo firmado con el contratista Emilio Tapia Aldana.

En el documento se establece que el contratista pagaría 13 años de detención domiciliaria, además del pago de una indemnización de 6.000 millones de pesos.

El contratista también aceptará su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Tapia está obligado a colaborar con la justicia con su testimonio en los casos de otros procesados por los mismos hechos, así como a entregar documentos que permitan esclarecer y adelantar las investigaciones que al respecto realiza la Fiscalía.

El preacuerdo será presentado en los próximos días ante un juez de conocimiento quien tendrá que definir si es viable o no.

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