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La Fiscalía General le imputará cargos a ocho funcionarios y directivos de la EPS Coomeva por su presunta participación y responsabilidad en el en el manejo irregular de recursos y falencias en millonarios procesos de contratació.
Los hechos tienen relación con una serie de contratos celebrados entre los años 2003 a 2006 con una empresa que no contaba con la experiencia necesaria para suplir las necesidades en el suministro de diversos medicamentos, y la cual solamente fue creada seis meses ante de la celebración del proceso contractual.
Según los certificados del Ministerio de Salud y Protección Social, la empresa que resultó beneficiada con un contrato de 40 mil millones de pesos no tenía reconociento legal como IPS. El ente investigador determinó que estas falencias fueron conocidas por los directivos y pese a esto no tomaron cartas en el asunto.
"Coomeva contrató a esta firma de medicamentos con el objeto que suministrara los tratamientos para VIH - Sida, y otros tratamientos en relación con trasplantes de rodillas y caderas", precisó Jorge Rojas, jefe del grupo especial de la Fiscalía General que invesiga las irregularidades en el sector de la salud.
Además dicha empresa no tenía los permisos requeridos para el suministro de los medicamentos. El ente investigador solicitará en los próximos días que se fije audiencia de imputación cargos en contra de los exgerentes de la EPS, trabajadores relacionados con la celebración del contrato y directivas de la empresa beneficiada.
La Fiscalía General les imputará los delitos de peculado por apropiación, peculado por apropiación a favor y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Se espera que cuando se levante el paro judicial se fije la fecha para la celebración de la audiencia.
La Dirección Nacional de Protección de Asistencia enviará copias del proceso a la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía para revisar cuentas y propiedades de las personas implicadas y así establecer el destinos de los dineros y las utilidades que hayan podido generar en ese lapso.
En el desarrollo de un proceso fiscal, la Contraloría General, en febrero pasado, embargó las cuentas de la EPS por un presunto desvío de recursos públicos.