Agentes del CTI de la Fiscalía General realizarán este miércoles una inspección judicial en las instalaciones de la Central de Inteligencia del Ejército en el desarrollo de las investigaciones que se adelantan sobre el origen y destinación e una lista de correos electrónicos de dirigentes políticos, funcionarios del Gobierno, periodistas, representantes de organismos internacionales relacionados con el proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba.
El ente busca establecer el móvil de la recolección de esta base de datos revelada por la Revista Semana, así como el destino de esta información. El Ejército Nacional ya abrió una investigación interna, esto después de confirmar que dicha lista sí existe y que el general Mauricio Forero conocía los pormenores de la consecución de estos datos reservados.
Una de las líneas de investigación hace referencia a los nombres de los miembros de la central de inteligencia que estarían detrás de la búsqueda y recolección de datos, así como si existe alguna relación con el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, señalado por las autoridades de interceptar los correos electrónicos y mensajes personales de los delegados del Gobierno en las negociaciones que se adelantan desde hace dos años con el grupo guerrillero.
Según BluRadio, tras la revelación de este escándalo el Ejército Nacional prepara para finales de este año un cambio en la jefatura de la Inteligencia Militar, mientras que un grupo de militares serán sometidos a pruebas de polígrafo en el desarrollo las indagaciones para establecer su responsabilidad en este nueva polémica que relaciona a miembros de la Fuerza Pública con recolección ilegal de información y datos reservados.
El pasado martes el fiscal General, Eduardo Montealegre calificó este hecho como “sumamente grave para la democracia” puesto que se estaría recolectado esta información de manera ilegal sobre un grupo determinado de personas. “Yo creo que a partir de la Constitución Política de 1991 nosotros constituimos una de las cartas de derechos fundamentales más protectoras de Hispanoamérica”.
"Ese discurso constitucional del 91 tiende es a la protección de los derechos fundamentales, la libertad de prensa, la libertad de expresión e indiscutiblemente conductas al margen de la ley que tiendan a quebrantar ese principio del derecho a intimidad, que es sagrado en una democracia, constituyen en atentados muy graves contra el Estado de derecho", señaló el Fiscal General.
Igualmente manifestó que actualmente se adelantan varias investigaciones con el fin de establecer una relación con la recolección ilegal de información, entre las cuales se encuentra la denominada Sala Andrómeda -en la que trabajaban varios militares- y las interceptaciones adelantadas por un grupo de ‘hackers’ a personas relacionadas con las negociaciones de paz que se adelantan con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba.