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Ante el juez 22 de garantías, una fiscal le imputó el cargo de homicidio agravado a David Emanuel Manotas Char señalado de ocasionarle tres heridas con arma blanca a su vecino y posteriormente empujarlo al vacío desde el tercer piso del edificio donde habitaba en hechos registrados en la madrugada del pasado lunes.
En su extensa argumentación, la representante de la Fiscalía indicó que el procesado tenía la intencionalidad de agredir y en este caso arrebatarle la vida a su vecino que le reclamó por el alto volumen del equipo de sonido y el ruido que estaba provocando, lo que afectaba el descanso de todos los residentes.
La fiscal indicó que no existe una causa justa que permita explicar la agresión propinada por Manotas Char a su vecino puesto que no existen hasta el momento pruebas testimoniales o probatorias que indiquen que la víctima lo hubiera atacado.
Ante esto rechazo la justificación de una legítima defensa para propinarle tres puñaladas a su vecino con un cuchillo de cocina y después lo arrojo desde el tercer piso. "Existe la inferencia razonable para indicar que es el autor de la conducta delictiva", preciso.
Después de estos trágicos hechos, Manotas Char amenazó a un guardia de seguridad para que le abriera la puerta o si no lo lesionaba con el arma cortopunzante ensangrentada con la que pocos minutos antes había apuñalado a su vecino.
Por estos hechos considera que el imputado representa un peligro para la seguridad y de los familiares de las víctimas, igualmente puede obstruir a la justicia mediante la presión de los testigos, muchos de ellos viven en el mismo edificio.
"Se atentó contra la vida de una persona. Se incurrió en un acto de intolerancia frente a la convivencia", aseguró la fiscal del caso al indicar que la víctima solamente manifestó su incomodidad por el alto volumen del equipo de sonido de su vecino músico.
Se argumentó además que existían varias reclamaciones que se registraron en contra de Manotas Char por su mala conducta y problemas de convivencia con sus vecinos, lo que le había valido varios llamados de atención por parte de la administración.
Esta solicitud fue coadyuvada por el representante de las víctimas y el delegado de la Procuraduría General que consideraron que el procesado debe ser cobijado con una medida de aseguramiento preventiva.