La Fiscalía Generla de la Nación pidió este martes que Mónica Esperanza Cano y Edith Rocío González, funcionarias de la Contraloría General de la Republica, fueran llevadas a un establecimiento carcelario por su presunta participación en la apropiación de información reservada sobre varios funcionarios del gobierno nacional, periodistas y miembros de empresas privadas.
En la petición, que fue hecha ante el juez 28 penal municipal de Bogotá con función de control de garantías, se indicó que las dos mujeres son responsables de los hechos ocurridos entre el 5 y el 15 de julio del 2011, cuando Cano Bedoya era asesora de la Contralora, mientras que González Martínez se desempeñaba como coordinadora del laboratorio informático de la entidad. Allí, al parecer habrían adulterado alrededor de 12 documentos públicos.
Según el fiscal del caso, ‘‘las dos funcionarias utilizaron la información recopilada para realizar persecución a personas que no tenían nada que ver con los fines que ellas desarrollaban’’.
Al parecer, Cano Bedoya expidió una resolución en la cual solicitaba iniciar una búsqueda de datos de por lo menos 70 personas y empresas, entre ellas exministros, periodistas, congresistas y, tal como afirmó el fiscal, “esta no era función de esos despachos”.
La decisión del juez de garantías se conocerá el próximo lunes 22 de diciembre, luego de que se decretara un receso en el proceso. La investigación que cursa en la Fiscalía contra las dos funcionarias es por los delitos de abuso de función pública, prevaricato por acción, falsedad en documento público y ocultamiento de elemento material probatorio.
El pasado 13 de diciembre, Cano Bedoya y González Martínez se declararon inocentes de los cargos formulados por el fiscal del proceso.