La fiscal 4 especializada de la unidad contra el terrorismo le solicitó al Juez segundo penal especializado de Bogotá que precluya el proceso que se adelanta contra cuatro miembros de una misma familia por su presunta participación en los hecho que rodearon la fuga de Javier Alexander Urrego registrado el 26 de septiembre de 2013 en el sur de la capital de la República.
En su intervención aseguró que no existen elementos materiales de prueba que permitan inferir que estas personas no participaron o tuvieron responsabilidad en el rescate a sangre y fuego del preso quien se encontraba en una cita odontológica en el sector de la avenida primera de Mayo.
En la investigación se estableció que después de rescatar a Urrego los seis hombres fuertemente armados y que tenían pasamontañas escaparon del lugar en una camioneta blanca. Sin embargo un grupo de policía que se encontraban en el lugar se percató del hecho y “se inició un intercambio de balas”.
El vehículo ingresó pocos minutos después a una vivienda en el barrio San José Sur donde vivía la familia Alarcón Caballero. En ese lugar las autoridades hallaron la camioneta, las armas que se utilizaron en la acción y la ropa de insurgencia que presentaba manchas de sangre, por lo que capturaron a las cuatro personas que habitaban en la vivienda señalándolas de participar en la fufa del preso.
“No se demostró que hicieran parte de la organización criminal que adelantó el operativo de rescate”, manifestó la fiscal del caso al hacer referencia al hecho que estas cuatro personas compartían la vivienda con Julio Roberto Alarcón, quien tenía un taller de mecánica automotriz en el primer piso.
Para la Fiscalía General es claro que pese a que estas personas habitaban en el mismo inmueble no tenían relación con Julio Roberto Alarcón quien vivía en el primer piso. “La hipótesis que eran coparticipes de la acción se desdibujó. Vivían en la misma vivienda pero no tenían relación alguna con la persona que vivía en el primer piso”.
La delegada del ente investigador señaló que incluso tenían una enemistad por el tema del pago de servicios y otras dificultades en la convivencia. “Vivían en el mismo lugar y solamente tenían relación porque ingresaban por la misma puerta. Solo por estos hechos no tienen una responsabilidad penal”.
Ante estos hechos se considera que no se les puede continuar vinculando a un proceso penal, reseñando que Julio Roberto Alarcón ya aceptó su responsabilidad en los mismos mediante la figura del preacuerdo y está pendiente del fallo condenatorio.
Esta solicitud fue apoyada por la representante de la Procuraduría General y los abogados de Martha Cecilia Alarcón Ramírez, Juan Sebastián Caballero Alarcón, Leonardo Ignacio Caballero Oliver y Carlos Arturo Alarcón Ramírez, quienes estuvieron privados de su libertad por dos meses.
La Fiscalía General les imputó en su momento los deltios de fuga de presos (en calidad de coautor) tráfico, porte y fabricación de armas de uso personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares.