Cuatro horas duró la audiencia reservada en la cual la Fiscalía General presentó ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá los elementos materiales obtenidos en los allanamientos hechos en el despacho y apartamento del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz en el marco de la investigación que se adelanta por su presunta relación con el ‘carrusel de la contratación’.
La diligencia fue reprogramada para el próximo miércoles, en la misma se escucharán las intervenciones del representante de la Procuraduría General y la defensa del investigador. Se espera que el magistrado legalice los elementos materiales incautados por agentes del CTI en las inspecciones adelantadas en la oficina privada de Cruz y las empresas Incoasfaltos e ICM Ingenieros.
La Fiscalía General busca establecer si existió vinculación entre el Gobernador y las empresas al momento de recibir contratos viales por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, puesto que se habrían presentado irregularidades durante el proceso de selección para que estas dos empresas fueran las seleccionadas.
“Tienen que ver con las declaraciones rendidas por las personas que han manifestado que el señor Álvaro Cruz es el encargado de las empresa que entregaron comisiones a contratitas, intermediario y concejales ante la UMV, por estos hechos ya fueron condenadas tres personas”, precisó el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema.
Tras estas inspecciones un grupo especializado adelantarán los análisis dirigidos a establecer la relación entre Cruz y estas empresas. Igualmente en los próximos días una comisión viajará a Estados Unidos para entrevistar al empresario cubano Manuel Dorta, quien fue socio del Gobernador.
Por estos hechos el Gobernador de Cundinamarca ya rindió interrogatorio ante la Fiscalía General, en el cual manifestó que nunca tuvo relación con estas irregularidades.