Fiscalía realizó inspección judicial a sede de la Contraloría General

Se busca recolectar información sobre presuntas irregularidades en la contratación del edificio donde funciona el ente de control fiscal.

Por orden del vicefiscal General de la Nación, agentes del CTI y fiscales especializados realizaron una inspección judicial a la sede de la Contraloría General de la República en el occidente de Bogotá en la tarde de este miércoles. 

Durante la diligencia judicial se recolectaron elementos probatorios sobre presuntas interceptaciones adelantadas al exdirector del DAS y columnista Ramiro Bejarano, así como a la periodista Cecilia Orozco Tascón.

La actuación judicial pretende recolectar elementos materiales probatorios y evidencias físicas que permita establecer o desvirtuar la existencia de los mencionados seguimientos o interceptaciones a los citados periodistas.

Igualmente se busca establecer si se presentaron irregularidades en el contrato de arrendamiento de la nueva sede del ente control ubicada en el occidente de Bogotá.

Después de analizar estos elementos materiales probatorios, el ente investigador deberá decidir si toma decisiones de fondo sobre estos hechos. 

Fuentes cercanas indicaron que la Fiscalía citará a entrevista e interrogatorio a 14 funcionarios de la Contraloría con el fin de establecer las presuntas irregularidades en el ente de control fiscal.

La Fiscalía General de la Nación viene adelantando investigaciones a la controlora General, Sandra Morelli Rico y otros, en virtud de las denuncias presentadas por la Asociación Sindical de Trabajadores de la Contraloría General de la República.

En estas acciones se referidas a presuntos sobrecostos en la contratación de las actuales dependencias del ente de control, convenio que tiene un costo superior a los 2.500 millones de pesos.

Comunicado de la Contralora General

La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, se permite informar a la opinión pública con respecto a las diligencias que se vienen adelantando por parte de más de 30 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y específicamente del CTI, lo siguiente:

1) Que dicha diligencia se desarrolla con ocasión de las solicitudes de la propia Contralora para que se establezca si efectivamente en la entidad se hacen seguimientos ilegales y se interceptan de manera ilegal comunicaciones telefónicas.

2) Estas solicitudes se hicieron cuando menos en el mes de febrero y la última la hizo la Oficina de Control Disciplinario el 22 de mayo del año en curso. De tal manera que se entiende que la Fiscalía está actuando a cargo de las peticiones citadas.

Sin embargo, no deja de ser una infeliz coincidencia para la imagen de la institución que puede traducirse en una percepción negativa por parte del ciudadano de sus instituciones, tachadas de actuar de manera arbitraria y violatoria de los derechos fundamentales, que esta diligencia se programe precisamente a pocos días de proferida una decisión de la Corte Suprema de Justicia donde se afirma que en esta entidad se cometen irregularidades sustanciales.

3) En consideración de lo anterior, la Contraloría reconoce la legitimidad de la Fiscalía para realizar estas diligencias y obviamente no tiene absolutamente ningún ánimo de oponerse a su práctica. Los funcionarios por su parte la reciben con beneplácito porque consideran que esto se debe aclarar, que todas estas circunstancias deben ser esclarecidas, y en ese sentido son más que bienvenidas estas actuaciones.

De todas maneras, la entidad reitera que, salvo conductas que no serán respaldadas institucionalmente y que respondan a la arbitrariedad de algún funcionario, todas las actuaciones se hacen con estricto apego a la legalidad y a la Constitución.

4)El hecho que una sentencia de tutela proferida por los magistrados Gustavo Enrique Malo Fernandez y Luis Guillermo Salazar considere que no hay lugar a abrir un proceso administrativo sancionatorio a un funcionario aforado por no entregar información que está destinada a nutrir el balance de la Nación, cuya opinión favorable o desfavorable debe rendir esta Contraloría ante la Comisión Legal de Cuentas, de acuerdo a la Constitución dentro de un plazo preestablecido, y que de no contar con la información se produce una abstención de opinión, lo cual es sumamente grave para el manejo del crédito a nivel internacional.

No significa que lo que se hizo al tenor de la Constitución, que no establece excepciones, al tenor de la ley que reglamenta las facultades, al tenor de las resoluciones que desarrollan dichas facultades y en función de lo establecido por el Consejo de Estado, cuya facultad se refiere específicamente a dirimir estos conflictos de competencia, haya sido inocuo.