Fiscalía reiteró solicitud de cárcel para Carlos Albornoz, exdirector de la DNE

Ante el juzgado 31 de garantías, la Fiscalía General presentó formalmente el recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia emitida por un juez que no aceptó la solicitud para cobijar con medida de aseguramiento al exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Carlos Albornoz Guerrero en el marco de un nuevo proceso que se le adelanta por las presuntas irregularidades en la entrega de un predio.

En audiencia elebrada el pasado 5 de junio el fiscal del caso indicó que Albornoz creó un escenario aparentemente legal para que con una supuesta subasta, que sirvió de pantalla, se entregara un predio que le fue incautado a un narcotraficante y entregado, de manera irregular, a un particular. 

Albornoz está vinculado al proceso como presunto responsable de los delitos de acceso abusivo al sistema informático, concierto para delinquir, peculado por apropiación, concusión, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato por acción.

Según la investigación, el predio Granja 32 pertenecía al extinto narcotraficante tolimense Guillermo Ortiz Gaitán, estaba ubicado en Cota (Cundinamarca) y habría sido vendido por un precio bastante inferior al que en realidad costaba. La Fiscalía indicó que este bien tenía un valor de $3.200 millones, sin embargo, aseguró que Albornoz y compañía, a través de una certificación, autorizaron su venta por $1.200 millones.

Para el ente investigador, la venta de la Granja 32 fue echa ‘contra corriente’, porque los exfuncionarios de la DNE habrían ignorado la advertencia del Tribunal Superior de Cundinamarca que afirmaba que el inmueble estaba siendo desvalorizado y le estarían dando a Tito Arcadio Perilla un ‘jugoso descuento’.

A comienzo de junio de este año Albornoz había ganado por segunda vez una batalla a la justicia, que decidió que podría seguir en liberttad por no considerarlo un peligro para la sociedad. En enero de este año la Fiscalía también había solicitado la medida de aseguramiento en su contra en otro proceso que adelanta en su contra por detrimento patrimonial en la DNE, que habrían generado pérdidas por más de $25.000 millones a la nación.