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La Fiscalía General presentó ante el centro de servicios del complejo judicial de Paloquemao en Bogotá una solicitud para suspender la audiencia en la que se iba a presentar el principio de oportunidad firmado con el empresario Juan Carlos Ortiz dentro del proceso qeu se le adelanta por los hechos que rodearon el descalabro bursatil de la comisionista de bolsa InterBolsa S.A.
Debido a esto la audiencia quedó aplazada de manera provisional. Se ha podido establecer que el ente investigador está reexaminando la importancia que tendría la colaboración del empresario en los otros procesos que se adelantan por las acciones ilegales que se habrían adelantando en la que era considerada la más grande comisionista de bolsa del país.
Igualmente se revisa la forma en cómo se adelantará la reparación a las víctimas acreditadas en este proceso penal. Fuentes cercanas indicaron que el documento se encuentra en el despacho del fiscal general encargado quien en los próximos días definirá si el principio de oportunidad es válido o debe ser modificado.
En el principio firmado en abril del presente año se establecía la cesación de la persecución penal por un año el delito de captación masiva y habitual de dinero. A cambio de esto se convertiría en testigo de hecho de la Fiscalía General en los procesos que se adelantan contra Víctor Maldonado, Rashid Maluf, entre otros.
Para la próxima semana está fijada la audiencia en la cual se presentará el otro principio de oportunidad firmado con el deudor del Fondo Premium de InterBolsa, Tomás Jaramillo Zarate. En ambos casos las víctimas han anunciado su rechazo a este principio de oportunidad al manifestar que no es clara la reparación.
El pasado 28 de abril el juez 48 de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio contra Ortiz y Jaramillo tras avalar el allanamiento a cargos hecho por los empresarios en la audiencia de imputación de cargos. En la diligencia reconocieron su responsabilidad en los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especie en el registro nacional de valores.
Por estos hechos el próximo 21 de julio se establecerá el monto de la condena la cual tendrá una rebaja del 50% debido a que la ley establece este beneficio. Desde febrero de 2015 se encuentran privados de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
El papel de Jaramillo y Ortiz
Para la Fiscalía, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo Botero utilizaron siete sociedades para lograr la triangulación de dineros dentro del Fondo Premium. Las empresas fueron constituidas en Bahamas, Estados Unidos, Curazao, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Colombia, y se encontró una serie de similitudes que permitieron descubrir la estructura montada de los empresarios que fungían como representantes legales.
Según las pesquisas habrían creado tres fondos de inversión en el extranjero en los que tuvieran la última palabra sobre las decisiones de inversión. Asimismo ofrecieron un producto financiero a través de un contrato de corresponsalía con InterBolsa para promocionar el Fondo Premium y lograr que los inversionistas creyeran que sus recursos estaban en el exterior, cuando en realidad tenían una red que permitía que la plata retornara con visos de legalidad a Colombia y fuera a parar a sus bolsillos.
Los investigadores demostraron que Ortiz, Jaramillo y Maldonado lograron que sus empresas fueran las reales destinatarias del dinero de los inversionistas del Fondo Premium. Cabe recordar que Rentafolio Bursátil, propiedad de la familia Ortiz, y Valores Incorporados, que compartían oficina en el tercer piso de Interbolsa y eran manejadas por los protagonistas del escándalo, eran las sociedades en Colombia encargadas de recibir los préstamos que se hacían desde Andean Capital en Panamá e Intertourist en Islas Vírgenes Británicas, las dos empresas a las que fueron a parar los dineros del fondo.
Según la Fiscalía, “idearon e implementaron toda la estrategia que les permitió varias vías para captar dinero, que debía ir a Premium Capital Appreciation Fund, pero que terminó en otras sociedades no autorizadas donde estaban ubicadas las sociedades Valores Incorporados y Rentafolio, en las que se recibió dinero en efectivo a nombre de Valores Incorporados, entre los años 2006 y 2012. Que en el lugar de domicilio de dichas sociedades existía una caja fuerte, donde se recibía de manera directa los dineros en efectivo entregado por clientes de Interbolsa interesados en realizar operaciones en el mercado de valores del extranjero”.
La Fiscalía precisó que el mayor beneficiario de estas irregularidades fue Víctor Maldonado Rodríguez -procesado por estos hechos- quien, además de ser el socio mayoritario de Interbolsa, recibió a través de Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil millonarios préstamos que le sirvieron como músculo financiero para sus empresas Helados Modernos, Malta y Tres Palmas. “Tomar dineros que provengan de terceros, es decir, que no son propios, y entregarlos a terceros como préstamos, mutuos, o sin razonabilidad financiera, son actividades de captación masiva y habitual de dineros del público".
Según las cifras de Valores Incorporados, 23 personas tenían deudas que llegaban a los $129.572 millones. Entre ellas estaban Víctor Maldonado y Alessandro Corridori y sus empresas, las cuales concentraban el 63% de la deuda. Estos dineros sirvieron para que entre 2009 y 2011 los otros implicados en el escándalo de Interbolsa lograran manipular la bolsa y hacer crecer el valor de la acción de Fabricato. Es más, según la Fiscalía, se jugó con los dineros de los inversionistas al punto que se entregaron préstamos a Maldonado y Corridori sin las garantías necesarias y creando un riesgo para los clientes del Fondo Premium, que terminaron perdiendo sus ahorros.