La Fiscalía General anunció que en los próximos días le solicitará a un juez de la República en una audiencia pública que se le retiren todos los beneficios jurídicos al empresario Emilio Tapia Aldana en el proceso que se le adelanta por su participación en el denominado ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
En dicha solicitud se pedirá anular el preacuerdo firmado hace dos años entre la Fiscalía y el contratista, en el cual se comprometía a entregar colaboración en las investigaciones que adelanta el ente investigador por las irregularidades en la entrega de contratos viales en Bogotá y el convenio para la prestación del servicio de ambulancias.
En el documento se fijaba una rebaja ante una eventual condena y una serie de beneficios jurídicos entre los que se encontraba la detención domiciliaria y la posibilidad de seguir trabajado. Sin embargo, la Fiscalía pidió la nulidad del mismo al considerar que incumplió con los acuerdos pactados ya que siguió delinquiendo, hechos por los que actualmente enfrenta un proceso por el delito de lavado de activos.
En la diligencia judicial celebrada este viernes, el abogado Jesús Albeiro Yepes, quien defiende los intereses del contratista, calificó como ilegal la actuación de la Fiscalía General al señalar la importancia de las declaraciones y pruebas entregadas por su cliente para desenmarañar el denominado mayor escándalo de corrupción administrativa en la historia del país, permitiendo así la vinculación de funcionarios públicos -entre los que se encuentran concejales, secretarios del distrito- así como particulares.
“Yo infiero por lo que escuche hoy por parte de la señora fiscal, que esa entidad va a solicitar a una juez que no aprueba lo que ella misma aprobó. Eso sí es ya un mundo de Cantinflas y yo no quiero anticiparme a lo que va a pasar (…) Yo lo que veo es que probablemente vamos a tener que invertir el orden del pueblo. Ya no hablaremos del ‘carrusel de los contratos’ sino del ‘carrusel de los conejos’”, aseguró el jurista.
Actualmente Tapia Aldana se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá en el marco del proceso que se le adelanta por el delito de lavado de activos. El contratista se ha declarado inocente y ha calificado todo como un montaje de la Fiscalía General.