La Fiscalía General les solicitó formalmente a las autoridades estadounidenses que aplique el embargo de bienes que habrían sido adquiridos por los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas en dicho país con dineros apropiados en la celebración irregular de multimillonarios contratos viales en la capital de la República entre los años 2007 y 2009.
El exalcalde de Bogotá enfrenta actualmente tres procesos penales por las irregularidades en la cesión del contrato de la fase III de TransMilenio y la ejecución del convenio contractual para la prestación del servicio de ambulancias. Mientras que el exsenador del Polo Democrático fue condenado a 14 años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por tres delitos.
La directora de la Unidad Nacional Especializada de Extinción de Dominio, Andrea Malagón aseguró que se aplicarán todos los mecanismos para ubicar todos los bienes obtenidos de manera ilegal por las personas que están siendo procesadas por estos hechos de corrupción administrativa, entre los que se encuentran funcionarios públicos, contratistas, abogados, concejales y particulares.
Se ha podido determinar que estos bienes estarían avaluados en 500 mil millones de pesos. Entre los mecanismos que se aplicarán se encuentran la solicitud de medidas cautelares de los bienes que están en otros países. “Los delincuentes de cuello blanco son muchísimos más especializados, ellos conocen más la ley, entonces utilizan unos mecanismos más especializados para tener sus bienes”, precisó Malagón en entrevista con RCN Radio.
El ente investigador igualmente busca establecer la existencia de otras propiedades de los procesados por el ‘carrusel’ en Panamá, así como cuentas bancarias en paraísos fiscales como Suiza y las Islas Caimán. Sin embargo, este caso es más complejo puesto que se habrían utilizado empresas fachada, testaferros para ocultar y desviar los bienes.
En la entrevista radial, indicó además que la Fiscalía ha logrado el embargo de bienes y empresas del Grupo Nule, avaluados en 410 mil millones de pesos, así como el contratista del Distrito, Emilio Tapia por un valor cercano a los 64 mil millones de pesos. Igualmente se han identificado 177 bienes de concejales de Bogotá con fines de extinción de dominio.