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Judicial 29 Feb 2012 - 4:19 pm

Nulidad de la elección de Viviane Morales

Fiscalía, un ente judicial rondado por lo político

La historia del ente investigador desde su creación en 1991 es también la cronología de decisiones judiciales con enormes consecuencias políticas.

Por: Redacción Judicial
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Los exfiscales: Mario Iguarán, Luis Camilo Osorio, Alfonso Gómez Méndez, Alfonso Valdivieso y Gustavo de Greiff.

El primer fiscal fue Gustavo de Greiff, quien en pocos meses pasó de ser el hombre del año al villano del año. La razón de fondo fue su confrontación con el entonces presidente César Gaviria, respecto al trámite para encausar judicialmente a los miembros del Cartel de Cali. Antes de esa disputa, De Greiff venía cumpliendo una labor que los medios de comunicación consideraban elogiable.

Pero vino el dilema. Después de la muerte de Pablo Escobar, en diciembre de 1993, el fiscal De Greiff, haciendo uso de la Ley 81 de 1993, que convirtió en legislación permanente la política de sometimiento a la justicia, quiso encabezar la rendición de los capos del Cartel de Cali y otorgó algunos salvoconductos. De inmediato se armó el escándalo. Estados Unidos protestó y la Fiscalía entró en contradicciones con el Gobierno.

Entonces surgió el ‘as’ que resolvió el problema. En junio de 1994, De Greiff cumplió 65 años y, a raíz de esta circunstancia, surgió una discusión jurídica alrededor del concepto de la edad de retiro forzoso. La Corte Suprema de Justicia encontró que De Greiff tenía que dejar el cargo a pesar de que le faltaba un año para concluir su gestión. En su reemplazo, la propia Corte escogió al dirigente liberal Alfonso Valdivieso Sarmiento.

No obstante, antes de dejar su cargo, De Greiff produjo una decisión crucial en su momento: el archivo de las denuncias por el escándalo de los narco casetes, que comprometían la campaña del electo presidente Ernesto Samper Pizano. Cuando asumió Valdivieso, precisamente su tema fue develar los nexos entre el Cartel de Cali y la sociedad colombiana, razón por la cual para abril de 1995 ya protagonizaba el escándalo del Proceso 8.000.

En consecuencia, el país empezó a vivir una dura confrontación entre la Fiscalía General de la Nación el gobierno Samper, sobre todo porque el ente investigador reabrió la investigación de los narco casetes, denunció al presidente ante la Comisión de Acusación de la Cámara y emprendió una auténtica cacería judicial de políticos, altos funcionarios del Estado, periodistas y, en general, un alto número de personajes con nexos con el Cartel de Cali.

Hacia 1997, cuando Valdivieso apenas llegaba a su tercer año de gestión, decidió apartarse de la Fiscalía y lanzarse a las agitadas aguas de la política, para buscar la Presidencia de la República. El respaldo que tuvo en la opinión pública no tuvo el mismo éxito en la arena política, pero la crisis alrededor del 8.000 terminó dividiendo al partido Liberal y precipitó la victoria en las urnas del candidato de origen conservador Andrés Pastrana Arango.

En cuanto a la Fiscalía, fue necesario volver a barajar candidaturas y la Corte Suprema de Justicia escogió a Alfonso Gómez Méndez, quien había sido defensor de uno de los altos funcionarios del gobierno Samper en la crisis del 8.000. Fue el primero abogado penalista al mando de la Fiscalía, pero en su gestión no faltaron las controversias con el poder político.

En concreto, cuando Pastrana iniciaba su gestión encaminada a entablar un proceso de paz con las Farc y pensaba que su hombre de confianza en esa negociación iba a ser el exministro Álvaro Leyva Durán, la Fiscalía le abrió una investigación como supuesto beneficiario de dineros del Cartel de Cali. Entonces vino un duro pulso entre el ente investigador y el Gobierno por el caso Leyva. Al punto que hubo cruce de cartas entre el fiscal y el presidente.
Entre tanto, el exministro Leyva se asiló en Costa Rica, mientras la Fiscalía lo llamaba a juicio. Con el paso de los años, Leyva fue absuelto por la justicia y el proceso de paz entró en una crisis permanente que llevó al fracaso de las negociaciones. En todo este tiempo, el fiscal Gómez Méndez no dejó de ser un duro crítico de todo lo que sucedió en la zona de distensión, pero también un sector de la opinión pública le cuestionó sus decisiones contra el paramilitarismo.

Alfonso Gómez Méndez fue el primer fiscal que concluyó su periodo en 2001, pero en algunos sectores de la opinión pública se empezó a cuestionar su paso a la política. Recientemente fue precandidato a la Presidencia de la República. Algunas de sus principales investigaciones empezaron a caerse cuando vino el relevo en el ente investigador y la Corte Suprema de Justicia escogió como su sucesor al abogado de origen conservador Luis Camilo Osorio.

Electo para el periodo 2001-2005, Luis Camilo Osorio, muy cercano a la casa Pastrana, empezó a tomar decisiones que suscitaron una dura de corriente de opinión pública en su contra. El archivo de las investigaciones contra el general Rito Alejo del Río fue una de ellas. Las Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos cuestionaron otras decisiones similares y varios fiscales tuvieron que dejar el país desautorizados por el nuevo jefe del ente investigador.

Nunca faltaron los cuestionamientos. La entonces jefa de Fiscalías en Cúcuta, Ana María Flórez, terminó siendo una ficha del paramilitarismo. Las primeras averiguaciones contra el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, por las masacres del paramilitarismo en este departamento, terminaron en un auto inhibitorio. La Unidad de Derechos Humanos terminó desmantelada y los mejores fiscales salieron de la entidad o tuvieron que marchar al exilio.

En 2005 concluyó la gestión de Luis Camilo Osorio, reconocida por la reapertura del caso Luis Carlos Galán, pero censurada porque se cayeron delicadas investigaciones, y la Corte Suprema de Justicia escogió al abogado Mario Iguarán Arana, quien venía de ser viceministro de Justicia de Sabas Pretelt, y además había sido uno de los principales creadores de la Ley de Justicia y Paz que cobró forma en el Congreso como respaldo al proceso de paz entre el gobierno Uribe y los grupos de autodefensas.

Aunque Iguarán concluyó su gestión en 2009, ya las rencillas políticas derivadas del escándalo de la parapolítica habían contaminado las relaciones entre el poder ejecutivo y la justicia. En medio de las conjeturas, el fiscal logró concluir su mandato, pero más se demoró en viajar a la Embajada de Egipto que en surgir el rumor de que su elección habría tenido la mano oculta del paramilitarismo tratando de impulsarla. Esta investigación sigue abierta sin que se haya indagado a fondo qué fue lo que sucedió.

Lo cierto es que, cuando Iguarán dejó la Fiscalía en 2009, ya el gobierno Uribe y la Corte Suprema de Justicia protagonizaban una pelea de marca mayor que incidió notablemente en lo que sucedió después. Uribe presentó una primera terna para reemplazar a Iguarán que fue rechazada por la Corte. Tres veces fue cambiada la terna y al final surgió otra, pero el máximo tribunal de la justicia ordinaria nunca encontró la votación mínima para escoger a uno de los candidatos propuestos por el Gobierno.

Entre tanto y por año y medio, la Fiscalía tuvo como encargado a Guillermo Mendoza Diago, cuya interinidad se fue prolongando más de lo esperado sin que la Corte y el gobierno Uribe cesaran en su disputa pública. Sólo cuando dejó la presidencia Álvaro Uribe y asumió Juan Manuel Santos, el alto tribunal escogió fiscal, y lo hizo en la persona de Viviane Morales. El problema es que se adelantó en una sala plena en la que se cambió el reglamento para poder zanjar la increíble interinidad de Mendoza.

A principios de 2011, la fiscal Morales inició su mandato, pero antes de lo esperado ya tenía un dolor de cabeza: su relación afectiva con el exguerrillero, exasesor de las autodefensas y condenado por la Corte Suprema, Carlos Alonso Lucio. Así no se acepte como un argumento fundamental, este tema empezó a contaminar las relaciones entre la Fiscalía y algunos sectores de la política. No tardó en surgir la demanda de nulidad contra su elección.

Ayer, sorpresivamente se cayó su designación. Una vez más la Fiscalía General de la Nación, el órgano más importante en un país sacudido por los apremios de la violencia, el narcotráfico y la corrupción, está a la deriva. Por ahora, la fiscal, como no ha sido notificada del fallo, sigue mandando. Pero no cabe duda que sus decisiones a partir de ahora ya no cuentan con la misma validez. Se dice que quedaría encargado el vicefiscal Wilson Martínez, quien apenas lleva un mes en el cargo.

La solución la tiene el presidente Juan Manuel Santos, quien deberá agilizar la presentación de una nueva terna para que la Corte Suprema elija fiscal. Con un problema inmediato: ni el fallo del Consejo de Estado está en firme, ni se sabe qué hará la fiscal para controvertir la decisión, incluso por acción de tutela. En resumidas cuentas, los gajes de la política en el laberinto del derecho, tienen de nuevo al país en busca de un fiscal General de la Nación, mientras el Congreso trata de darle forma a una reforma a la justicia.
 

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