La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) alertó que cerca de 100 periodistas pese a contar con las medidas de seguridad cumplen siete semanas sin que los esquemas de protección funcionen a cabalidad, lo que representa un peligro para la integridad de los comunicadores.
Para la Flip, este tipo de programas de protección fueron diseñados para preservar la vida de los periodistas, así como el cuidado de la actividad periodística en todo el país.
La Fundación citó los hechos registrados en las últimas semanas en las cuales la Unidad Nacional de Protección anunció un plan para reducir los costos del programa de protección a cerca de 2.000 personas, entre ellas 100 periodistas en riesgo, esto debido a un déficit de 70 mil millones de pesos.
Estas medidas de austeridad “han obstruido gravemente las labores de reportería de los periodistas en riesgo. Deben escoger entre hacer periodismo sin la protección a la que tienen derecho, o no hacer su trabajo”.
Igualmente citó casos en los cuales algunos periodistas deben pagar los gastos para que operen los esquemas de protección asignados por el Estado, en otros, se niegan las solicitudes de autorización para los desplazamientos de un lugar a otro.
“Los esquemas de protección no están funcionando y esta es la razón por la cual la UNP no está garantizando plenamente la actividad periodística”, precisa uno de los apartes de la comunicación enviada por la Flip.
En este sentido manifestó que dicho funcionamiento inadecuado de los esquemas de protección afectan de manera directa la seguridad personas, la libertad de expresión, el trabajo de los periodistas y de la sociedad a estar informada hecho por el cual se presentaron acciones judiciales.
Ante esta situación se le exigió al Ministerio de Hacienda, a la Unidad Nacional de Protección y al Ministerio del Interior que asignen de manera inmediata los recursos necesarios para solventar las dificultades económicas del programa de protección de periodistas.
Igualmente, reclama que las medidas que se adopten, garanticen no sólo la vida e integridad de los periodistas en riesgo, sino la actividad periodística como tal, procurando que en la operación de los esquemas de protección no se generen obstáculos para el desarrollo del trabajo.