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Para la Fundación para la Libertad de Medios (FLIP), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y FundaMedios, tanto el Estado de Colombia, como el Estado de Ecuador han revictimizado constantemente a los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, los tres periodistas del diario El Comercio y, ocho meses después de ocurridos los hechos, aún se sigue discutiendo dónde se cometió el vil asesinato.
“Los Estados no aportaron avances ni evidencia relevante en las investigaciones y, por el contrario, estuvieron dirigidos a evadir responsabilidades propias y a revictimizar a los familiares de los periodistas Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas”, señaló el comunicado enviado por las organizaciones defensoras de libertad de prensa.
El comunicado de opinión enviado por las organizaciones señaló además que, a pesar de que desde el pasado 14 de mayo, la CIDH conformó un Equipo de Seguimiento Especial (ESE) para acompañar a las víctimas y apoyar las investigaciones de las autoridades e instituciones nacionales, hoy, los estados de Ecuador y Colombia solicitaron la terminación del trabajo de inteligencia de la organización internacional.
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La Flip, la CPJ y Fundamedios, recalcaron que, por un lado, el Estado ecuatoriano se defendió diciendo que el secuestro no ocurrió en su territorio y por el otro, el Estado colombiano sostuvo que el asesinato no estuvo vinculado a la labor periodista que los tres trabajadores desempeñaban.
Para las organizaciones es innegable que si bien las disidencias de las Farc y al crimen organizado en la frontera colombo-ecuatoriana es una consecuencia del posconflicto colombiano, las autoridades de ambos países “sabían perfectamente de la situación de alto peligro que se vivía en la zona, pero no tomaron acciones para proteger la vida de los civiles y menos aún cumplieron las responsabilidades estatales de protección del ejercicio periodístico”.
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Por otro lado, frente a la respuesta de Colombia de que el asesinato de los tres ecuatorianos no fue consecuencia de su labor como periodistas, el comunicado señaló que, “es ampliamente conocido y está demostrado que el equipo del diario El Comercio se encontraba en una misión periodística y que fue en estas circunstancias que el Frente Oliver Sinisterra determinó su secuestro. La muerte de los periodistas se produce como consecuencia de esto, más allá del carácter político-extorsivo del secuestro”.
Para el mes de abril, el entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos reconoció que los tres miembros del equipo periodístico de El Comercio sí fueron asesinados en territorio colombiano, como lo había declarado horas antes el ministro del interior del vecino país. El mandatario aseguró, en entrevista con CNN, que los periodistas fueron secuestrados en Ecuador por disidentes de las Farc y luego trasladados a Colombia, donde finalmente fueron asesinados. Sin embargo, a pesar de las declaraciones de los mandatarios de ambos paises, parecer ser que este es un hecho que no se ha resuelto del todo aún.
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La confirmación de que disidencias de las Farc habían ejecutado al equipo de El Comercio sepultó la esperanza que sus colegas mantuvieron viva durante 18 días. Desde el 26 de marzo, día del plagio, cada noche hubo una vigilia en la redacción del diario, que en sus 141 años de existencia nunca había afrontado una experiencia tan traumática. El periodismo ecuatoriano tampoco. “En los años 80 hubo algunos secuestros de periodistas, pero eran de otra naturaleza. Se los llevaban a lugares clandestinos los subversivos de Alfaro Vive Carajo o Montoneras Patria Libre, daban entrevistas y los soltaban. Nunca un secuestro en condiciones tan inhumanas ni un asesinato a sangre fría”, señaló César Ricaurte.
Finalmente, las organizaciones reiteraron su apoyo incondicional a las familias y las organizaciones que a pesar de las barreras aún le apuestan a que este crimen no quede en impunidad, “expresamos nuestro apoyo al trabajo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) del caso del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.