:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/spk2CR2sb2JxOeg8xKBIzQWNXx8=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/O5FGU5XGB5CM3JV2UWAH7MXE3I.jpg)
Debido a que la Fiscalía no presentó los elementos probatorios exigidos, la jueza sexta de conocimiento reprogramó para el próximo 22 de julio la audiencia en la que se conocerá el fallo condenatorio contra el expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birry por su participación en el carrusel de la contratación.
Rojas Birry aceptó su responsabilidad en el delito de cohecho propio, recconociendo que dos millonarias comisiones para omitir sus funciones de control y vigilancia en los contratos relacionados con la reparación de malla vial en Bogotá y el convenio para el servicio de ambulancias en la capital de la República.
Ante la pregunta de la funcionaria judicial sobre la entrega de los elementos materiales de prueba citados en el escrito de acusación, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema aseguró que no contaba con los mismos en el momento puesto que en los últimos días se presentado un trasteo en las oficinas de la Fiscalía General.
“Usted me los tenía que entregar en este momento. No me puedo guiar por el conocimiento, se tiene que probar que existe una persona que se llama Francisco Rojas Birry, que su número de cédula coincide con la que mencionó el representante del ente investigador entre otros elementos materiales probatorios los que tienen que ser enunciados y puestos a disposición de os sujetos procesales”, precisó la funcionaria judicial.
Según la investigación de la Fiscalía General, en el año 2009 el entonces personero distrital recibió cerca de 150 millones de pesos por parte del contratista Julio Gómez, quien había recibido dos contratos de la malla vial, para que omitiera su función constitucional de control y vigilancia frente a las evidentes irregularidades en los anticipos de los contratos 071 y 072 de 2008.
Pese a que su formación como abogado y su vasta experiencia como funcionario público le permitían saber que estaba incurriendo en una actitud antijurídica, Rojas Birry aceptó dicho ofrecimiento y efectivamente no tomó ninguna decisión de fondo como le correspondía. “Vulneró su calidad de personero distrital para verificar todos los actos administrativos”.
“Recibió una promesa remuneratoria y actuó de manera dolosa pese a que sabía que estaba evadiendo sus funciones constitucionales. Con su actividad cercenó el bien público vulnerando asó la imparcialidad y transparencia que le exigía su cargo”, precisó el fiscal del caso al citar a actitud en la que incurrió el exfuncionario público quien se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota.
En el segundo semestre de 2009 recibió una comisión por 350 millones de pesos por parte del entonces secretario de salud del Distrito, Héctor Zambrano enviada por el contratista que se había ganado el contrato para la prestación del servicio de ambulancias para que evadiera sus misiones de vigilancia y control frente al proceso licitatorio y ejecución del convenio que tuvo un costo de 69 mil millones de pesos.
En la celebración de este contrato se presentaron quejas sobre la eficiencia del servicio y el malfuncionamiento de las ambulancias ante el Centro de Regulación de Urgencias. “Sabía que al aceptar ese dinero estaba incurriendo en una conducta prohibida por la Constitución y la ley. Estaba incurriendo en una actividad antijurídica”.
A la salida de la diligencia, el procesado manifestó que está tranquilo y que esperará hasta la fecha fijada por la jueza de conocimiento,
Rojas Birry fue condenado a ocho años de prisión por su participación en el delito de enriquecimiento ilícito por recibir dinero de la captadora ilegal de dinero DMG.