El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado precisó este lunes que en el marco del proceso de paz que adelanta el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc se debe dejar en claro que los miembros de ese grupo guerrillero que sean condenados en delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no podrán participar en política.
El jefe del Ministerio Público aclaró que no se les pueden entregar beneficios jurídicos específicos a las personas que hayan cometido estos delitos puesto que así esa establecido en la Constitución Política de Colombia y acuerdos internacionales.
"El tratamiento de quienes han incurrido en delitos de carácter internacional es más complejo, al encontrarse una clara limitación jurídica en el bloque de constitucionalidad, que impide que puedan ser beneficiarios de amnistías, de indultos y de derechos políticos", aclaró.
El jefe del Ministerio Público citó el asesinato de policías con tiros de gracia, incineración de heridos y cadáveres, reclutamiento forzado de niños, desplazamiento forzado, así como la masacre de 70 civiles que se refugiaban en un templo religioso en Bojayá en el departamento del Chocó.
En este sentido reiteró que la Procuraduría General adelantará un seguimiento a los acuerdos a los que se lleguen en la mesa de negociación con dicho grupo armado ilegal "pues el anhelo de paz no puede ser alcanzado a cualquier precio".
En su extensa intervención Ordóñez Maldonado manifestó que se debe impedir al máximo que se llegue a la impunidad el cual ha sido un factor casi que común en proceso adelantados en otros países de América Latina en los que se ha llegado a entregar amnistías o indultos totales a violaciones graves de Derechos Humanos.
"Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los Derechos Humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas".
El jefe del Ministerio Público indicó que "entre más alto sea el umbral de exigencia para las Farc en materia de verdad y reparación, más legitimidad tendrán las eventuales concesiones que se realicen en materia de justicia. En últimas, verdad y reparación son igualmente parte integral de hacer justicia. No debe olvidarse que las FARC son victimarios y no víctimas", concluyó.