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En la emisión del pasado domingo de Noticias Uno se conocieron los testimonios de habitantes de la zona rural de San Vicente del Caguán donde el pasado agosto fue bombardeado el campamento del jefe de la disidencia de las Farc, alias Gildardo Cucho. Según los habitantes, no fueron ocho los menos que murieron durante el ataque sino entre 16 y 18. Además, señalaron que los sobrevivientes de la ofensiva aérea de la Fuerza Pública se persiguió a los sobrevivientes con drones y perros.
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A raíz de la denuncia del noticiero, el Comando General de las Fuerzas Militares negó esa versión de los hechos por medio de un comunicado de prensa. "Posterior a la operación de interdicción aérea (el bombardeo en Caquetá) no se presentaron persecuciones, combates ni acciones que originaran la muerte de presuntos integrantes del grupo armado organizado residual".
Asimismo, el Comando aseguró que Medicina Legal es "la única institución que puede emitir los dictámenes científicos legales que permitan establecer posibles causas de muerte y plenas identidades de los occisos y sus edades biológicas". Y añadieron que las Fuerzas Militares pusieron a disposición de las autoridades "el personal, la información, documentos y material relacionado con la operación, para el desarrollo de las investigaciones".
El informativo señaló que en el lugar del bombardeo todavía hay restos de las personas que murieron en el ataque al campamento del jefe disidente y que tres menores fueron "rematados por miembros del Ejército" mientras huían del lugar. Además, los habitantes le pidieron al Ejército que ingrese al lugar para que desactive una bomba que no explotó durante la ofensiva militar.
A finales de agosto pasado, el Ministerio de Defensa reveló que 14 miembros de las disidencias de las Farc habían muerto durante un combate con la Fuerza Pública en esta zona del país. Sin embargo, la semana pasada, durante el debate de moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero se reveló que entre de esos guerrilleros, al menos siete eran menores de edad. Luego la Fiscalía señaló que eran ocho.
El escándalo que desató la denuncia fue la estocada final a la administración de Botero, quien llevaba un año en el que le llovieron críticas por los escándalos de corrupción al interior del Ejército y sus polémicas declaraciones en caso tan delicados como el asesinato e intento de desaparición del excombatiente Dimar Torres a manos hombres del Ejército.
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El pasado miércoles 6 de noviembre, Botero terminó renunciando a su cargo cuando los rumores crecían en los pasillos del Congreso sobre la existencia de unas mayorías en el Senado para sacarlo de esa cartera ministerial. Durante el debate, el entonces ministro señaló que en el momento de la operación no se tenía conocimiento de que habían menores de edad en el campamento de Gildardo Cucho.
Sin embargo, el personero de Puerto Rico (Caquetá), un municipio vecino a San Vicente del Caguán, denunció que en esta zona la guerrilla estaba reclutando de manera forzada a menores de edad. Incluso, la Defensoría del Pueblo, en enero de este año, sobre este riesgo.