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"Fui censurado y perseguido por la Procuraduría"

El abogado Daniel Sastoque, exfuncionario del Ministerio Público, renunció porque, según cuenta, no soportó la discriminación de los presuntos amigos del procurador Ordóñez.

Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador
03 de noviembre de 2012 - 09:00 p. m.
El abogado Daniel Sastoque durante una de sus protestas frente al edificio de la Procuraduría General, respaldado por la comunidad LGBTI./ Archivo particular
El abogado Daniel Sastoque durante una de sus protestas frente al edificio de la Procuraduría General, respaldado por la comunidad LGBTI./ Archivo particular

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Puede indicarme qué tipo de hostigamientos y persecución sufrió como funcionario de la Procuraduría por su condición de miembro de la comunidad gay y de defensor de los derechos de la población LGBTI?

Daniel Sastoque Coronado.- Primero fui objeto de censura y cambio de mi puesto de trabajo porque divulgaba y promovía los derechos de la población LGBTI (lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual). Como quiera que las creencias personales del procurador general son contrarias a las normas internacionales de respeto por la diversidad y autonomía del ser humano, y pese a que esas normas son vinculantes para el Estado colombiano, se me impidió continuar con mi trabajo en la Delegada Preventiva de Derechos Humanos, ubicada en el edificio central de la Procuraduría, y ordenaron mi traslado a la Delegada de la Regional Cundinamarca. Después sufrí burlas, correos homofóbicos, daños en mis bienes y avisos ofensivos. Defendí mis derechos, pero llegó un punto en que no soporté más y renuncié en diciembre del año pasado.

C.O.T.- ¿Por qué interpreta que darle otro cargo fue un acto de persecución?

D.S.C.- Porque ese traslado no tenía fundamento técnico ni jurídico y se hizo hacia un área en la que no tenía preparación ni experiencia. No había tampoco necesidad del servicio que lo justificara y ni siquiera había un computador o un sitio donde sentarme cuando llegué. Lo que se pretendía era apartarme de mi tarea preventiva en derechos y de retirarme del edificio donde funciona la Procuraduría a otro menos visible, porque participaba en protestas contra el manejo que Alejandro Ordóñez le da al Ministerio Público.

C.O.T.- Pero, ¿tuvo algún indicio preciso de que sus actividades no cayeran bien y que hubiera malestar con ellas?

D.S.C.- Tuve información de que había mucha susceptibilidad con mis actividades en las altas directivas de la Procuraduría, entre ellas especialmente el procurador y su delegada para la Familia, Ilva Myriam Hoyos. Supe también que se había ordenado hacerle un seguimiento especial a mi trabajo.

C.O.T.- ¿Cómo lo supo?

D.S.C.- Mi jefe inmediato me dijo que estuviera atento porque la doctora Hoyos estaba pendiente del trabajo que hacía. En ese momento capacitaba a más de 300 funcionarios de la Procuraduría por internet en conceptos básicos de derechos de sexualidad y género, así como de normas internacionales sobre el tema. Iba a dictar 20 módulos, pero ordenaron interrumpirlo en el cuarto. Resultó que todo lo que sostenía con absoluto rigor técnico y documental era exactamente lo que criticaba Alejandro Ordóñez en sus libros.

C.O.T.- ¿Quién lo reemplazó a usted?

D.S.C.- A mí se me censuró y se acudió a la falsificación de documentos para poder contratar a una persona cercana al procurador. Cuando se me trasladó, se emitió un acto administrativo contrario a la verdad, porque se decía que en la Procuraduría no había personal de planta capacitado para desarrollar la función que desempeñaba. Falso, porque yo tenía la especialización exacta. Contrataron a una persona que se llama Víctor Manuel Díaz Soto, que en vez de capacitación en derechos sexuales dio dos días de clases de religión y moral católica. Le pagaron $3’500.000.

C.O.T.- ¿Por dos días?

D.S.C.- Sí. Casi lo mismo que yo devengaba mensualmente.

C.O.T.- ¿Por qué sostiene que es cercano al procurador?

D.S.C.- Por lo menos él lo aseguraba. Así lo dijo durante la capacitación que dictó en lugar de la mía y en la que se dedicó a promover las tesis que defiende el procurador. En cambio, a mí se me trasladó sin explicación alguna cuando le sostuve en público al procurador Ordóñez que la entidad había caído en materia de trabajo preventivo en derechos humanos.

C.O.T.- ¿Qué le contestó él?

D.S.C.- Que yo no era una rueda suelta para estar promoviendo contenidos ideologizados. Esa reconvención del procurador fue pública y está grabada.

C.O.T.- ¿Por qué hay grabación?

D.S.C.- Porque sucedió durante una audiencia con el sindicato. En esa audiencia él también se quejó de que lo perseguían y dijo que la gente leía mucho El Espectador y Semana.

C.O.T.- ¿Qué tenían que ver El Espectador y la revista Semana en la discusión?

D.S.C.- Cuando le hice el reclamo sobre el tema de la decadencia de la actividad de la Procuraduría, en el asunto de derechos humanos, también le dije que la entidad se estaba utilizando políticamente para nombrar a ciertas personas. En la grabación está cuando él reconoció que había pedido hojas de vida al Congreso y, en concreto, a los senadores. En ese momento él mencionó la influencia de la prensa.

C.O.T.- Dice que lo agredieron en su nuevo puesto en la regional Cundinamarca. ¿Qué lo hizo sentirse discriminado?

D.S.C.- Varios hechos. Por ejemplo, fui el único funcionario al que el jefe inmediato le descalificó su trabajo y lo gritó en público. Cuando llegué, se dio una curiosa coincidencia: ingresó una persona nombrada por Alejandro Ordóñez que pertenece a su misma iglesia. Lo nombraron asistente administrativo. Él y otros de la misma oficina comenzaron a agredirme porque yo participaba en la campaña “monseñor procurador se equivocó de profesión”.

C.O.T.- En concreto, ¿cómo lo hostigaban?

D.S.C.- Me mandaban correos homofóbicos y hasta cartas certificadas. Incluso en una de ellas usaron el nombre de la entonces alcaldesa Clara López como supuesta remitente. También dañaban mis bienes. Por ejemplo, a una grabadora que tenía en el escritorio le averiaron la unidad de CD y luego le rompieron la antena. Me arrancaban las calcomanías que ponía contra el procurador. En las reuniones me llamaban enfermo, pecador, poseído diabólico, pervertido. También me enviaban textos sobre la iglesia y el sida, y decían que yo era una vergüenza para la Universidad Nacional, donde hice mis estudios.

C.O.T.- ¿Cómo se llama el funcionario al que se refiere y cómo supo que era quien lo perseguía?

D.S.C.- Se llama Mauricio Contreras Fierro y él mismo reconoció que había participado en las agresiones contra mí. Pero además dijo que no estaba solo en esa tarea, sino que había otros funcionarios.

C.O.T.- ¿Cuándo aceptó que era responsable de los ataques contra usted?

D.S.C.- En una reunión que hubo en la misma Procuraduría Regional a raíz de que fui víctima de unas denuncias anónimas en las que se me acusaba de agredir a Alejandro Ordóñez por la campaña y por protestar en la plaza de la Procuraduría con los grupos LGBTI y los de las mujeres que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Además se me señaló anónimamente de promover el homosexualismo.

C.O.T.- ¿Le iniciaron investigación disciplinaria por ese motivo?

D.S.C.- Sí, pero de acuerdo con la ley vigente, a uno no lo pueden investigar con base en anónimos a no ser que haya pruebas objetivas que permitan concluir que usted cometió una falta disciplinaria.

C.O.T.- ¿Con base en cuáles pruebas o indicios lo investigaron?

D.S.C.- Las pruebas en mi contra eran, simple y llanamente, unas esquelas que tenía en mi puesto de trabajo, de desnudos de hombres y mujeres de las obras de Débora Arango, Luis Caballero y Germán Gómez, así como postales de campañas institucionales de derechos de las mujeres y derechos de la población LGBTI.

C.O.T.- ¿Puede identificar a quienes lo hostigaban además de Contreras Fierro?

D.S.C.- Él los puede identificar porque dijo que no se iba a “hundir solo”.

C.O.T.- ¿Cómo sabe que Contreras pertenece a la iglesia de Alejandro Ordóñez?

D.S.C.- Por él mismo. También se ufanaba de ser amigo del procurador y se preciaba de defenderlo. Contreras fue la persona que puso en una pared de la oficina la bandera emblemática de la comunidad LGBTI con un signo de “prohibido” cruzándolo.

C.O.T.- ¿Cree que Contreras tenía privilegios frente a los demás de la regional?

D.S.C.- No lo sé, puesto que ya no trabajo allá, pero lo que sí puedo sostener como víctima que fui de él es que tuvo la mayor de las ventajas: reconoció públicamente que había violado mis derechos en complicidad con otros servidores públicos y no los sancionaron ni les abrieron investigación disciplinaria. En cambio a mí me investigaron por promover supuestamente el homosexualismo y por “agredir” al procurador con mis protestas.

C.O.T.- ¿Quién estaba presente cuando Contreras aceptó que lo había hostigado?

D.S.C.- El procurador regional Luis Gonzalo Olarte y todo el personal de esa seccional.

C.O.T.- ¿Qué dijo él?

D.S.C.- Absolutamente nada.

C.O.T.- ¿Por qué usted y otros representantes de organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos de ciertas comunidades acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos?

D.S.C.- Porque el Estado colombiano no parece tener controles internos efectivos contra la discriminación y el incumplimiento de nuestros derechos que venimos sufriendo. Le pediremos a la Comisión Interamericana que cesen la persecución y los actos homofóbicos y de hostigamiento contra las defensoras y defensores de derechos de la población LGBTI y de los sexuales y reproductivos por parte de la Procuraduría General de la Nación.

C.O.T.- Ante la Comisión se presentarán 15 organizaciones defensoras de derechos. ¿Qué tienen en común para ser recibidas simultáneamente en Washington?

D.S.C.- Quienes acudimos al Sistema Interamericano tenemos en común que hemos sido, de una u otra manera, víctimas del poder exacerbado que tiene, hoy por hoy, el procurador. Por eso presentamos solicitud de ser recibidos en una audiencia general en la Comisión que se suspendió el viernes pasado, pero que se realizará de todas maneras. Allí daremos a conocer la situación que estamos padeciendo y solicitaremos que se le pida al Estado que adopte acciones para que nos garanticen el ejercicio pleno de nuestros derechos. A pesar de que la audiencia se hubiera reprogramado para marzo del año entrante, el solo hecho de que se nos haya cedido un espacio para exponer la situación a que nos somete la Procuraduría, da cuenta del interés que ha despertado lo que aquí está sucediendo.

C.O.T.- ¿Qué esperan ustedes de la Comisión Interamericana?

D.S.C.- Que le exija al Estado colombiano que cumpla con sus obligaciones internacionales de respeto, promoción y garantía de los derechos y que se le establezcan controles efectivos a la Procuraduría General.

C.O.T.- Perdone, pero, ¿qué pueden esperar de un Estado que unánimemente va a reelegir al procurador y que reelegido redoblará su poder? Según ustedes mismos, hay 51 quejas contra él y ninguna ha prosperado.

D.S.C.- La defensa de los derechos humanos se recorre por caminos difíciles y retadores. Pero tenemos la absoluta convicción de que un Estado democrático termina por cumplir con sus obligaciones. Esperamos también que la Comisión Interamericana le haga un llamado al país y que éste se dé cuenta de que no puede permitir que la primera persona en violentar los derechos de los demás sea precisamente la que tiene la primera obligación constitucional de hacerlos cumplir.

“Ascensos inusitados en la Procuraduría”

Cecilia Orozco.- ¿Tiene testigos de  que la persecución del procurador Ordóñez contra usted es cierta? 

Daniel Sastoque.- Tengo un testigo de excepción: la Corte Constitucional. Tuvo las pruebas testimoniales, documentales, audios y videos que lo demuestran.

C.O.- ¿Nunca le respondieron? 

D.S.- Se demoraron cuatro veces el tiempo debido y no tuvieron en cuenta las pruebas que presenté. Pero para su decisión en mi contra, se basaron en una respuesta falsa del Ministerio Público. Luego me enteré de que la magistrada ponente en mi caso es la esposa del presidente del Consejo de Estado, quien a su vez tiene una hija que trabaja en la Procuraduría. Ella tuvo ascensos inusitados durante el trámite  de tutela.

C.O.- ¿Se refiere a la hija del magistrado Gustavo Gómez? 

D.S..  Sí. Ella ingresó a la Procuraduría cuando el procurador era Edgardo Maya, a un cargo de grado 17. Cuando llegó Ordóñez fue ascendida a grado 19. Y cuando se estaba tramitando la tutela, subió al grado 24 ¿Qué conclusiones puede sacar uno? La sentencia en la que se me niega la tutela es contraria a la línea jurisprudencial de la propia Corte. Eso le explica por qué acudí a la Comisión Interamericana y por qué presenté una petición contra el Estado colombiano.

El denunciante de Ordóñez

Daniel Sastoque Coronado trabajó tres años y medio en la Procuraduría General, desde mediados de 2008 y hasta comienzo de 2012. Ingresó tras ganar un concurso de méritos para el cargo de asesor grado 19 en la Procuraduría Delegada Preventiva de Derechos Humanos. Abogado de la Universidad Nacional, se especializó en la ESAP y obtuvo maestría en España. Trabajó en la Defensoría del Pueblo. Como miembro de la comunidad gay y defensor de los derechos de la población LGBTI fue, según su relato, hostigado, perseguido y discriminado en la Procuraduría desde cuando ingresó a esa entidad Alejandro Ordóñez. Terminó renunciando después de meses de denunciar las agresiones en su contra porque “la defensa de la dignidad no puede terminar llevándolo a uno a una situación de indignidad”. 

C.O.- ¿Cómo es el ambiente allí?

D.S.- La gente siente temor ante el poder incontrolable del procurador. Muchos funcionarios van a  eventos religiosos o ponen imágenes de santos en sus puestos para ser vistos como católicos.

C.O- ¿Hay otros funcionarios dispuestos a denunciar  maltratos? 

D.S.C.- No. Es muy difícil. Casos como el mío demuestran que el procurador no tiene el más mínimo control legal.

Por Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

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