Ante la pregunta de la jueza 41 con función de control de garantías las funcionarias de la Contraloría General de la República se declararon inocentes de los cargos formulados por un fiscal especializado en el proceso que se les adelanta por presuntamente recolectar de manera irregular información privilegiada.
Según la investigación, entre el 5 y el 15 de julio del 2011 las dos funcionarias recolectaron información reservada de un disco duro en el que había datos de por lo menos 70 personajes de la vida nacional, entre los que se destacan periodistas, exministros y congresistas, así como datos de empresas privadas.
El fiscal del caso aseguró que Mónica Esperanza Cano Bedoya, quien fungía como asesora de la contralora General, Sandra Morelli Rico, emitió una resolución en la cual pedía iniciar una búsqueda de datos de por lo menos 70 personas. Este documento fue atendido por Idis Rocío González Martínez quien se desempeñaba como ingeniera coordinadora del laboratorio informático de esa entidad.
Para la Fiscalía General las dos funcionarias utilizaron la información recolectada de manera irregular para realizar una persecución en contra de un grupo preseleccionado de personas. Por lo tanto, se advierte, se extralimitaron en sus funciones puesto que no tenían la competencia para ordenar y adelantar esta tarea.
Igualmente se manifestó que no tenían atribuciones para ordenar búsquedas y seguimientos a casos de manera arbitraria al no tener ellas funciones fiscales. Entre las pruebas presentadas durante la imputación se encuentran los documentos que se emitieron del disco duro y que fueron hallados en las oficinas de las ahora procesadas.
La Fiscalía General les imputó los delitos de prevaricato por acción, en concurso homogéneo y sucesivo con abuso de función pública, en concurso con ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, en concurso con falsedad material en documento público, en concurso con falsedad ideológica en documento público.
En los próximos días se fijará la diligencia judicial en la cual se le solicitará al juez de control de garantías que las cobije con medida de aseguramiento.