Funeraria desechó ropa de Luis Andrés Colmenares: Fiscalía

El ente consideró que el laboratorio de tanatopraxia las consideró como un residuo peligroso.

En un informe de siete puntos, la Fiscalía General respondió varias peticiones presentadas en el marco de la investigación que se adelanta por los extraños hechos que rodearon la muerte del joven Luis Andrés Colmenares Escobar, registrada el 31 de octubre de 2010.

En el documento, el ente investigador consideró que al hacer las respectivas indagaciones y averiguaciones se pudo establecer que la Funeraria donde fue trasladado el cuerpo del joven universitario fueron “desechadas” por decisión del “laboratorio de tanatopraxia al ser consideradas un residuo peligroso".

En este sentido consideró que a la Funeraria nunca se le informó o se le hizo alguna advertencia sobre el cuidado que debían tener estas prendas por lo que se dispuso su desecho “por tratarse de elementos peligrosos".

(…) Objetivamente no se observa ninguna irregularidad con el manejo de las prendas de vestir que portaba Colmenares, pues, a pesar que la médico legista indicó en el informe de necropsia que la muerte era violenta por establecer, no consideró necesaria la realización de algún examen sobre dichas prendas, disponiendo la entrega del cadáver junto con las mismas, tal como efectivamente sucedió”, precisa uno de los apartes del documento.

En la solicitud enviada a la Fiscalía, la familia Colmenares Escobar consideraba que la ropa de Luis Andrés había desaparecido de las instalaciones de Medicina Legal y no se tenía certeza sobre su paradero, indicando que en las prendas de vestir se pudieron haber encontrado pruebas fundamentales en esta investigación.

Por estos hechos, en las audiencias preparatorias del juico la defensa de Laura Moreno ha solicitado el testimonio de José Elberto Jimenez Rios, técnico especialista, señalado de ser el encargado de desechar la ropa de Colmenares. Esta declaración fue avalado por la Fiscalía quién busca establecer en el juicio porqué se tomó esta decisión.

En el tema de los videos de seguridad y cámaras de vigilancia, la Fiscalía General aseguró que pese a las 12 peticiones hechas a diferentes establecimientos cercanos al lugar donde se registraron los hechos estos se negaron a entregar el material.

En algunos casos se indicó que los archivos de memoria solamente tenían la capacidad de almacenamiento de una semana por lo que los registros del 31 de octubre de 2010 ya se habían borrado automáticamente.

"No existe evidencia alguna que indique que los vídeos desaparecieron y que tal situación se presento ante la actuación indebida de alguna persona", precisó el informe de la Fiscalía sobre uno de los principales puntos de la solicitud.