En diálogo con Blu Radio, el abogado Andrés Garzón, quien defiende los intereses del general (r) Mario Montoya, negó cualquier participación de su cliente en el proceso de desmovilización del frente Cacica la Gaitana de las Farc como lo sugirió el excomisionado de paz, Luis C. Restrepo.
El jurista aseguró que el excomandante de Ejército no estuvo relacionado con el proceso de desmovilización de ese grupo guerrillero, el cual se empezó a gestionar desde noviembre de 2007. El abogado indicó que están dispuestos a presentar todas las aclaraciones necesarias en esta investigación.
En la entrevista exclusiva con Blu Radio, el ex comisionado de paz aseguró que los altos mandos del Ejército estuvieron al tanto y de todos los detalles de la desmovilización de este frente guerrillero, asegurando que después de estallar el escándalo ellos tenían que aclarar si hubo un error de inteligencia.
“Todos le dieron credibilidad. Yo no quería darle alto perfil al acto. El general Mario Montoya fue el que llevó a los periodistas. Lo único que a mí me tocaba era recibir el listado para verificar las identidades”, precisó el exalto comisionado de paz quien contó que eran las Fuerzas Militares quienes coordinaron todo el proceso.
Restrepo, cuyo paradero se desconoce desde septiembre de 2011 cuando abandonó el país antes de la audiencia de imputación y solicitud medida de aseguramiento, aseguró que fue inducido al error por los reportes del Ejército, ignorando así que se trataba de un frente falso y que los guerrilleros que entregaron las armas no eran tales.
“Creo que el Ejército debió haber asumido públicamente una responsabilidad frente a esto y no lo hizo. Debieron aclarar si hubo un error de inteligencia. Internamente me daba cuenta que estaban tentados a reconocer que había un error de inteligencia, pero optaron por lavarse las manos y descargar toda la responsabilidad sobre mí. Cuando se dieron cuenta que al que querían linchar era a mí me dejaron solo”, precisó.
Restrepo enfrenta un proceso penal por su presunta participación en cinco delitos, puesto que según la Fiscalía General conocía perfectamente que el grupo que se iba a desmovilizar no existía en realidad y los guerrilleros que entregaron las armas habían sido reclutados días antes de la desmovilización.