General (r) Rito Alejo Del Río, a indagatoria por la masacre de Mapiripán

Mapiripan

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

Veinte años después de que un comando paramilitar cometiera la masacre de Mapiripán, que ocurrió en julio de 1997, la justicia por fin puso sus ojos sobre un alto oficial del Ejército, a quien, en estas dos décadas, organizaciones de víctimas y no gubernamentales han pedido con insistencia que sea investigado por estos hechos: el general (r) Rito Alejo Del Río. Un documento elaborado el pasado 19 de julio por la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, el cual conoció El Espectador, confirma que Del Río fue vinculado formalmente a este expediente y que fue citado a indagatoria, la cual se llevará a cabo el próximo 22 de agosto, a las 9 de la mañana, en el Centro de Reclusión Militar Batallón de Policía Militar N° 13. del Río paga allí una condena de 25 años de prisión por el asesinato del campesino chocoano Marino López.

Dos hechos son claros sobre la masacre de Mapiripán. El primero, que el 12 de julio de 1997, dos aviones salieron de los aeropuertos de Necoclí y Apartadó (Urabá) transportando a los 150 paramilitares que atacaron a la población del municipio. Y el segundo, que los hombres al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso fueron escoltados por militares de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa (Urabá) y cuyo comandante era, en esa época, el general (r) Rito Alejo del Río. Su vinculación por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, concierto para delinquir y terrorismo, sin embargo, no es la única novedad. En cuestión de días se espera que el ente investigador declare la masacre como crimen de lesa humanidad, y, por lo tanto, no prescribirá.

El nombre del general retirado, sentenciado por su responsabilidad en la muerte de Marino López en febrero de 1997 -cinco meses antes de los hechos en Mapiripán- durante la operación militar Génesis, había salido a relucir desde distintos sectores que pedían se estableciera su responsabilidad en la masacre. El general (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de prisión por haber omitido su responsabilidad como garante de la Fuerza Pública en la región, además de insistir en su inocencia, siempre ha dicho que las investigaciones de la Fiscalía se centraron en el sitio a donde llegaron las autodefensas y no de donde salieron. Aunque el general Uscátegui nunca mencionó a del Río, su hijo, José Jaime Uscátegui, sí lo ha hecho.

Un homenaje para sí mismas

La conmemoración de los 20 años de la masacre resultó un evento de poco decoro para las víctimas. Para el 18 de julio, la Alcaldía de Mapiripán preparó un evento en el que, entre otras cosas, estaba prevista una “demostración de zumba” (baile con rutinas aeróbicas) y la presentación de un imitador del cantante de bachata Romeo Santos. Esos actos no ocurrieron, como tampoco se dieron las intervenciones de la gobernadora de Meta, Marcela Amaya, y del director de la Unidad de Víctimas y exgobernador de ese departamento, Alan Jara, quienes se habían comprometido en asistir y no lo hicieron.

Los representantes del Estado como Consuelo Barrera, subdirectora de Prevención de la Unidad para las Víctimas; Carlos Pardo Alezones, director de la Unidad para las Víctimas de Meta; Wilson Guasquez, secretario de la Oficina de Víctimas y Derechos Humanos de esa Gobernación y, por si fuera poco, el alcalde de Mapiripán, Alexánder Mejía, abandonaron el evento a mitad de la jornada. Sólo los actos de memoria -por presión de las organizaciones de víctimas y no gubernamentales- se realizaron: las víctimas tuvieron que escucharse a sí mismas, tal como lo han hecho, dicen ellas, a lo largo de estas dos décadas.

En sus discursos, los sobrevivientes, además de revivir los asesinatos y desapariciones por parte de las Autodefensas de la casa Castaño, volvieron a resaltar la grieta que existe desde hace varios años entre las víctimas que se quedaron en el municipio y las que decidieron abandonarlo. Cecilia Lozano, desplazada por las “lógicas” de la guerra en esta zona del país, aseguró durante los eventos de la conmemoración que se han puesto a circular rumores que pretenden dividir el movimiento de víctimas. “Aquí hay intereses de por medio. La gente que se quedó con la tierra después de la masacre quiere dividirnos. Nosotros queremos volver es por lo que nos pertenece. Hoy lo que encontramos es un pueblo lleno de retrasos y plagado de palma de aceite”, expresó la lideresa.

Otro elemento que añadió tensión al evento conmemorativo fue la aparición hace dos semanas de un documento de inteligencia de la Policía, en el que el comandante de esa institución en Guaviare, coronel Miguel Ángel Botía, afirmaba que jefes del clan del Golfo pretendían poner en marcha un plan sicarial contra colaboradores del Ejército en zona rural del municipio y se instaba a los uniformados a tomar todas las medidas preventivas para no ser víctimas del grupo armado ilegal. El Espectador se contactó con el comandante Botía, quien explicó que esta alerta se originó luego de que fuera abatido alias Culo de Toro, hermano de Roberto Vargas, alias Gavilán, segundo al mando del clan y encargado en anteriores ocasiones de dar la orden de atacar a miembros de la Fuerza Pública.

Un grupo de pobladores de Mapiripán le contó a este diario que desde los grandes medios se ha querido vender la imagen de un ambiente de paz que aún no existe en el territorio, y que la amenaza paramilitar supuestamente es un tema del pasado. “Hace poco salieron Héctor Patiño, coordinador de la Mesa de Víctimas del municipio -quien además no asistió al evento conmemorativo de la masacre- y varios concejales a venderle la idea a un diario de la capital que aquí vivimos en paz. Después de la muerte de alias Cuchillo en 2010 en zona rural de Mapiripán, es claro que sus hombres quedaron al mando y ahora les responden a los grandes empresarios y latifundistas del municipio. Súmele a eso el bloque Primero disidente de las Farc, que también está por acá”, manifestó un sobreviviente de la masacre, quien pidió que su nombre no fuera revelado por motivos de seguridad.

Las rutas del terror

Desde que en 2014 el frente 44 de las Farc voló el puente de Caño Ovejas, estructura que facilitaba el acceso a Mapiripán, ahora la única forma de entrar por vía terrestre al municipio es usando la vía antigua, la cual implica un recorrido de ocho horas por trocha. Por ejemplo, las víctimas que residen en Bogotá tuvieron que realizar un viaje de 18 horas, aproximadamente, para poder asistir a la conmemoración de los 20 años de la masacre. Ese fue el recorrido que hizo este diario para llegar allá. En esta vía fue por donde hace dos décadas, más precisamente en mayo de 1997, los hombres al mando del jefe paramilitar Héctor Buitrago llegaron al corregimiento La Cooperativa para realizar labores de inteligencia y apoyar la masacre un mes después. Buitrago reconoció en 2012 su responsabilidad por este crimen ante un juez.

Víctimas como Juan Carlos Castro señalan que a partir de ese momento la paz en La Cooperativa no volvió a existir y se volvió territorio de control paramilitar. Durante los años siguientes los hombres de Buitrago y el bloque Centauros de las Autodefensas se disputaron el mercado de la cocaína, que estuvo varios años controlado por Cuchillo. Incluso, hasta el año pasado, el Ejército reportó enfrentamientos con el clan del Golfo, el cual, al parecer, hace presencia en la zona después de la muerte de Cuchillo y la desmovilización de algunos hombres de su empresa criminal en 2011, conocido como el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac). Los habitantes de La Cooperativa, para comprobar que el conflicto aún perdura, sólo tuvieron que remover algunas piedras y excavar algunos milímetros de tierra para llenar sus manos con vainillas de arma de fuego de distintos calibres.

A su paso por las inmediaciones de La Cooperativa, las víctimas, entre lágrimas, empezaron a recordar los tenebrosos años de la guerra. Por ejemplo, señalaron que por esas sabanas varios jóvenes fueron usados como carne de cañón después de haber sido reclutados en los barrios populares de Bogotá. A raíz de todos estos hechos, hace un año, el director de la Unidad de Víctimas notificó que la zona rural del municipio quedaba incluida en el registro como sujeto de reparación colectiva, igual que el casco urbano del municipio. “Queremos ayudar a los que más han padecido la violencia (…). Reparar colectivamente es reconstruir el tejido social de las comunidades”, dijo en su momento Alan Jara. Los sobrevivientes aseguran que, a pesar de esa iniciativa, nada ha cambiado.

Otro de los lugares representativos de la masacre de Mapiripán es el río Guaviare. Los relatos de los testigos de la masacre narraron que decenas de mapiripenses fueron desmembrados por los paramilitares y lanzados a las aguas para no dejar rastros de la barbarie paramilitar. Por eso, al conmemorar el crimen, cerca de 150 personas marcharon en medio de la noche para recordar a su familia. Fueron hasta la orilla del río para poner velas y, en medio del silencio, recordar a sus familiares. Viviana Barrera, hija de una de las víctimas de Mapiripán, narró como a su padre lo sacaron de la casa y lo llevaron al matadero que quedaba a orillas del Guaviare. “Hoy es el día que no sé nada de los restos de mi padre ni por qué lo mataron”, contó a este diario.

Las deudas con las víctimas

Una de las medidas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dictó al Estado colombiano, cuando lo condenó en 2005 por estos hechos, fue que identificara plenamente el número de desplazados y de muertos que dejó la masacre de Mapiripán. Sin embargo, el escándalo de las falsas víctimas del municipio (12 personas fueron condenadas por la justicia por haberse hecho pasar por víctimas de la masacre sin serlo) terminó minando de incertidumbres la consolidación de un número concreto. En 2003, cuando el caso fue estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hablaba de “por lo menos” 49. En 2005, la Corte Interamericana estableció que habían sido 20. Una fiscal de Justicia y Paz dijo en octubre de 2011 que eran 13; tres semanas después la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía señaló que fueron 77.

Asimismo, en el extenso fallo se pidió que las fuerzas paramilitares fueran erradicadas de la zona y que la comunidad afectada se viera provista con planes de salud, educación y desarrollo laboral, puntos que según los mapiripenses “se promete mucho en épocas electorales, pero nunca se cumple. Lo que siempre sucede”. A su vez, la Corte pidió que la “impunidad parcial” para determinar la responsabilidad intelectual y material de los autores de la masacre, así como de las personas cuya colaboración y aprobación hicieron posible la comisión de la misma. Un paso en esa dirección podría ser el llamado a indagatoria del general (r) Rito Alejo Del Río.

José David Escobar Moreno/ @joseDEM18/ jescobar@elespectador.com*