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Luego de que se conociera que la Fiscalía va a citar a imputación de cargos al actual gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas –en el marco del proceso que se adelanta en su contra por su presunta participación en el "carrusel de la contratación"– este miércoles se conoció que la defensa del funcionario estaría buscando un preacuerdo a cambio de beneficios jurídicos.
Lo anterior, según pudo establecer Blu Radio, implicaría que el mandatario departamental aceptará los delitos de abuso de confianza, cohecho, interés indebido en la celebración de contratos que le serán imputados. En la diligencia judicial se solicitará igualmente la medida de aseguramiento.
La emisora señala que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia manifestó que una vez la Fiscalía radicó la solicitud de audiencia para imputar cargos y pedir la medida de aseguramiento, el mandatario, a través de su abogado, indicó que está dispuesto a asumir su responsabilidad en los hechos.
Según el ente investigador, el gobernador sería responsable de entregar, entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, sobornos por $800 millones a funcionarios de la Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación Vial de Bogotá y a concejales de la ciudad que manejaban la entidad a su antojo.
$800 millones que, según la Fiscalía, habrían salido del anticipo de un contrato por $24.000 millones que fue adjudicado a la Unión Temporal Asfaltos 2009, que estaba integrada por Incoasfaltos y una empresa asesorada por Cruz y protagonista de este caso: ICM Ingenieros.
Sorprende la nueva postura del gobernador, quien en múltiples ocasiones ha manifestado que jamás incurrió en los hechos que han mencionado los exconcejales y algunos contratistas. De hecho, en una entrevista con El Espectador dijo hace unos meses que las acusaciones en su contra tienen como trasfondo el interés de recibir beneficios a cambio de ensuciar su nombre.
“El sistema penal da beneficios a quienes logran involucrar a personas de jerarquía alta. Como yo soy gobernador, me están involucrando para ver qué logran. Que prueben con documentos si he cometido algún delito”. Además, agregó: “Hay varias personas procesadas por el carrusel que tenían contratos con la Gobernación, y cuando yo llegué, puse muchos en orden, los acabé y cobré multas. Por eso varios de ellos están bravos conmigo. Con esos antecedentes, es evidente que quieren debilitarme”.