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En un extenso fallo de 2.261 páginas, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a ocho años de prisión al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso y a otros doce exjefes de las autodefensas por la barbarie perpetrada por los bloques Córdoba, Norte, Catatumbo y Héroes de los Montes de María. Puntualmente por 1.426 hechos delictivos —entre ellos 175 casos de violencia de género, 609 de desaparición forzada, 405 de desplazamiento forzado, 149 de reclutamiento ilícito y 87 casos de homicidio— cometidos por los ‘paras’ contra por lo menos 9.500 habitantes de la costa Caribe. Los condenados también fueron sentenciados a pedir disculpas por sus atrocidades.
Además, el alto tribunal exhortó a las gobernaciones de Sucre, Magdalena y Córdoba, al igual que a la Policía y al Ejército, a que “adelanten actos públicos de perdón y reconocimiento de todos aquellos daños individuales y colectivos causados a los hombres y a las mujeres con ocasión del accionar paramilitar en sus territorios, buscando la garantía de no repetición y no olvido de lo sucedido”. Al Ejército y a la Policía les pidió, además, que realicen “un acto público de compromiso de cero tolerancia frente a crímenes de violencia de género por parte de civiles, miembros de actores armados o de delincuencia común y de los agentes de la Fuerza Pública, incorporando a su vez, en los programas de ascenso de sus oficiales y suboficiales, cursos sobre derechos humanos con un énfasis especial en perspectivas de no discriminación”.
A la Fiscalía, el Tribunal le dio un plazo, no mayor a un mes, para que informe respecto de los resultados de las gestiones adelantadas para dar con la ubicación e identificación de los restos de las víctimas directas del delitos de desaparición, acreditadas en este proceso, y en relación con los cuales existen probabilidades reales de hallazgo.
Esa entidad se refirió, además, a los grupos armados ilegales herederos de los paramilitares y, con base en los informes que hay al respecto, exhortó a la Agencia Colombiana para la Reintegración y al Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, del Ministerio de Defensa, para que amplíen los programas de acompañamiento y seguimiento “en los eventos de abandono voluntario de las organizaciones armadas al margen de la ley”. Y le pidió que desarrolle acciones inherentes al proceso de desmovilización y coadyuven durante la etapa de reinserción a la vida civil.“Lo anterior conforme a los riesgos reales de una reconfiguración de nuevos grupos armados ilegales con ocasión de anteriores procesos de desarme, desmovilización y reintegración y en virtud de la obligaciones internacionales de Colombia respecto de la garantía de no repetición”.
A ello se suma una larga lista de exhortaciones hechas por el Tribunal Superior a otras tantas entidades del Gobierno —entre ellas los ministerios de Justicia y Educación, la Unidad de Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo— para que no se descuide a las víctimas de estos bloques paramilitares y, en cambio, se les den nuevas oportunidades.
En rueda de prensa, la Fiscalía explicó que en esta sentencia, la segunda proferida por el Tribunal contra Salvatore Mancuso, se hizo hincapié en la “violencia basada en género, con prácticas como prostitución y/o esclavitud sexual, acceso carnal violento, actos sexuales abusivos, esterilización forzada y abortos forzados. La Fiscalía demostró que una de las prácticas desarrolladas por la macroestructura que comandaba Salvatore Mancuso, respecto del eje temático de desaparición forzada, era la utilización de hornos crematorios”.
Además, tuvo en cuenta hechos que se convirtieron en un hito en la historia de la barbarie paramilitar como, por ejemplo, la masacre de El Salado, perpetrada entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 en este corregimiento de El Carmen de Bolívar. Esta nueva condena deja al descubierto la barbarie paramilitar que tiñó de sangre a la Costa Atlántica. Pero además deja en evidencia a quienes les ayudaron a los ‘paras’ en esta cruzada sangrienta.
No deja de ser curioso que el Tribunal les pida a las gobernaciones de Sucre, Córdoba y Magdalena que pidan disculpas, ya que estos tres departamentos cuentan en su historia reciente con gobernadores detenidos por sus nexos con el paramilitarismo: el exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus, condenado a 40 años de prisión por el homicidio del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz; el exgobernador encargado de Córdoba y exgerente del Fondo Ganadero de ese departamento, Benito Osorio Villadiego, actualmente preso por sus confesos vínculos con las autodefensas, y el exgobernador de Magdalena Trino Luna, condenado a 3 años y 8 meses de prisión por sus nexos con este grupo armado ilegal.
* jjimenez@elespectador.com / @juansjimenezh