El representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, aseguró que el Estado tiene la obligación de brindarle protección y garantizarles la seguridad a todos sus ciudadanos y funcionarios públicos.
“Ella es una persona público y se sabe que es una persona polémica. Es importante que el Estado tome las medidas para protegerla y darle el espacio necesario para que haga su trabajo”, precisó Howland en una rueda de prensa.
En este sentido aseguró que los organismos estatales tienen la obligación de proteger a los funcionarios de derechos humanos que reciban amenazas o intimidaciones de cualquier tipo. (Ver Denuncian amenazas contra Piedad Córdoba)
Igualmente aseguró que no se puede olvidar que “Colombia todavía es un país en conflicto, donde hay amenazas a defensores de derechos humanos cada semana”, razón por la cual deben tener protección y seguridad para adelantar sus trabajo sin miedo "de ser matados".
Iguialmente aseguró que la Fiscalía General tiene el "reto" de adelantar todas las inverstigaciones dirigidas a establecer el origen de estas amenzas y tomar decisiones de fondo. "El rol de la Fiscalía es responder a ese desafio a los derechos humanos". (Ver Procuraduría General rechazó amenazas a la exsenadora Piedad Córdoba)
En la noche del pasado lunes festivo la exsenadora liberal recibió una corona fúnebre en su vivienda en el centro de la capital de la República. Al parecer la acción habría sido ejecutoriada por el autodenominado grupo de 'Las Águilas Negras' que han protagonizado varias amenazas en contra de organizaciones sindicales y defensoras de los derechos humanos.
Ante estos hechos el Ministerio del Interior anunció el refuerzo del esquema de seguridad de la excongresista y su núcleo familiar. La Procuraduría General rechazó las amenazas y le solicitó a las autoridades investigar.