El Gobierno nacional en cabeza de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció este viernes que el paro judicial que adelanta hace más de dos semana Asonal, es ilegal.
Por tratarse de un servicio público el Gobierno lo consideró ilegal, ya que afecta de manera directa a los ciudadanos.
Se espera que el paso a seguir sea que el Gobierno solicite ante un juez que lo declare ilegal y posteriormente se definan cuáles serán los castigos para los participantes del paro judicial.
El siguiente es el comunicado del Ministerio de Justicia:
1. Desde el pasado 11 de octubre fue declarado un cese ilegal de actividades por parte de los funcionarios, empleados y trabajadores de la Rama Judicial, orientado a reclamar una nivelación salarial.
2. Con el propósito de encontrar un consenso sobre el sistema de remuneración de los funcionarios, empleados y trabajadores de la rama judicial, fue planteada una propuesta por parte del Gobierno Nacional, que partió del reconocimiento del derecho a una nivelación salarial en términos de la ley 4 de 1992, la cual empezaría en el año 2013. Propuesta que fue aceptada por el Congreso de la República al aprobar el presupuesto para la vigencia 2013.
3. dicha propuesta fue presentada a los representantes de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y de la fiscalía General de la Nación y fue evidente el beneplácito de tales representantes con el esfuerzo y la voluntad del Gobierno para escuchar inquietudes y estructurar fórmulas de solución
4. A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, es lamentable que las diferencias entre los representantes de Asonal hayan impedido que la prestación del servicio esencial de justicia volviera a la normalidad.
5. El Gobierno no acepta, ni aceptará un cese de actividades que es abiertamente ilegal, dado el servicio público esencial que compromete, como en anterior oportunidad lo declaró la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de la sala Laboral.
6. Se insta a todos los trabajadores, empleados y funcionarios de la Rama Judicial, y de la Fiscalía General de la Nación, a retomar sus actividades y normalizar el servicio público al que tienen derecho los colombianos.