:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/9FN3veQrehb6Nhq3OYZwhRNavlg=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/24VUNHZ255GUXEH5MAIVOY5Z6Y.jpg)
El ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado manifestó que el próximo martes se adelantará una reunión con representantes del Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General y el Ministerio de Hacienda con el fin de estudiar las acciones que se tomarán si el paro judicial de la Rama Judicial continúa el próximo 13 de enero, día en el cual finaliza la vacancia judicial.
En la reunión se buscará una medida viable para permitir el acceso a los edificios y despachos judiciales en todo el país, cuyas puertas han estado bloqueadas por los manifestantes en el marco de sus protestas para exigir mejores garantías laborales y salariales. El cese de actividades ya cumple tres meses y ha afectado la realización de 23 mil diligencias judiciales.
“Estudiaremos todo lo que está a nuestro alcance del Gobierno para garantizar el funcionamiento normal de la administración de justicia y eso incluye, por supuesto, aseguraron que los usuarios y funcionarios judiciales que quieran prestar servicio puedan hacerlo libremente y por eso necesitamos garantizar el acceso a los edificios”, precisó Reyes.
Se ha podido establecer que se emitirán sanciones penales y disciplinarias en contra de aquellos miembros de Asonal Judicial que impidan el acceso a los despachos judiciales. En diferentes oportunidades se ha manifestado que este tipo de acciones representan un delito puesto que se está vulnerando el acceso a la administración de justicia que es un derecho fundamental.
En entrevista con El Espectador el Ministro de Justicia aseguró que la mayoría de funcionarios y empleados de la Rama Judicial quieren trabajar. Reyes hizo un llamado para que se les permita ingresar a sus edificios y se reanude el servicio de la administración de justicia a partir del próximo lunes. En este caso reiteró que las propuestas presentados por el sindicato son invisables.
“Es absolutamente inviable. Hay un acuerdo firmado con Asonal desde el 2012, vigente hasta el 2018, que se ha venido cumpliendo por parte del Gobierno nacional y que a los funcionarios judiciales les representa un aumento salarial del 44%”, precisó el jefe de la cartera de Derecho al manifestar que “no se va a aumentar más de lo que ya está acordado”.
En este sentido manifestó que los representantes sindicales han basado la continuidad del paro judicial tiene relación con bonificaciones salariales, reseñando que el Gobierno no dispone de estos recursos actualmente. “No hay nada que negociar”.