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En un comunicado publicado ayer, el Ministerio del Trabajo confirmó su solicitud e indicó que el gobierno nacional manifiesta su “preocupación por la alteración de numerosos procesos penales que pueden terminar por llevar a las calles a personas de alta peligrosidad, y (el vencimiento de) los términos de tutelas que se encuentran en curso”.
Agregó: “Desde que inició el paro de trabajadores de la justicia, el Gobierno Nacional ha demostrado disposición para escucharlos, así como hallar salidas a este conflicto laboral. Sin embargo, ante las generosas ofertas del Gobierno Nacional no ha sido posible llegar a un acuerdo”.
El Ministerio precisó que su demanda no fue recibida en los tribunales de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla. Por tal razón, fue radicada ante la Procuraduría Delegada para Asuntos Judiciales de Cartagena, con copia dirigida a la Procuraduría General de la Nación.
Por su parte, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que suspenda el pago de los salarios de los empleados de la Rama Judicial que hayan cesado sus actividades. “Una cosa —dijo la ministra— es el derecho al paro y otra el derecho a la remuneración, y este último no se da si no se presta un servicio”.
Al responder a las críticas de que ha sido blanco por parte de algunos congresistas, por la forma en que ha manejado las negociaciones, la ministra Correa expresó que “el Gobierno ha hecho todo lo posible por conjurar la crisis”, y que no ha considerado renunciar al cargo.
Para la contralora general de la República, Sandra Morelli, el cese de actividades está produciendo un detrimento patrimonial “más que evidente. Estamos hablando de una nómina diaria de más de 2.700 millones de pesos, una infraestructura inutilizada, muchas decisiones judiciales que no se toman y las consecuencias de esto”.
Por último, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, llamó a la negociación y dijo que “es urgente definir una fórmula de arreglo que concilie las aspiraciones de los servidores de la rama y las realidades presupuestales de la Nación para levantar el paro, cuyos efectos negativos recaen directamente sobre la sociedad”. Entre tanto, el cese de actividades continúa y ayer las Unidades de Reacción Inmediata (URI), de la Fiscalía, se unieron a la protesta.