'Gobierno no ha presionado la extradición de Andrés Felipe Arias'

El director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, Jorge Sanín Pombo aseguró que el Gobierno ha recurrido a los canales que establecen los tratados internacionales en la solicitud de extradición presentado en el caso del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva.

Sanín, en diálogo con la W Radio, aseguró que lo único que se ha hecho es remitir el proceso que se adelantó en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del exministro al juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida que por reparto tiene el conocimiento de la solicitud de extradición allegada.

“El Ministerio de Justicia envía la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores y ellos al Departamento de Estado de los Estados Unidos”, precisó el funcionario al aclarar que todo esto ha sido por la vía diplomática, cumpliendo las exigencias que establecen los diferentes tratados en estos temas.

“El Gobierno colombiano no ha hecho absolutamente nada más y no puede hacerlo, porque existen principios que son fundamentales en las relaciones internacionales que nunca se han violado por parte de Colombia. Lo único que se hizo fue autorizar el traslado a un juez de migración de Estados Unidos”, explicó.

Frente al debate que se ha suscitado sobre la existencia de un tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y Colombia el funcionario aseguró que lo que existe en un mecanismo de colaboración y cooperación internacional que ha establecido al misma Corte Constitucional.

El tratado en sí, señaló, se cayó con la Constitución de 1991. “Nosotros tenemos actos administrativos en cabeza del Presidente de la República que lo facultan para procesos de extradición”, señaló Sanín frente al hecho que las peticiones que se hacen a otros países sobre este tema tienen como referencia el artículo 35 de la Carta Política.

En los próximos días un juez definirá la solicitud de extradición presentada en contra de Arias Leiva para que cumpla la condena de 17 años y cinco meses de prisión emitida en septiembre de 2014 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por su participación y responsabilidad en el escándalo de Agro Ingreso Seguro.