'Graves denuncias contra magistrados y el Fiscal deben investigarse': Procurador General

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado presentó varias observaciones al proyecto de ley de equilibrio de poderes que se estudia actualmente en el Congreso de la República, en el cual se fija, entre otras cosas, la modificación de la forma en la que se adelantarán en un futuro la investigación y juzgamiento a los aforados constitucionales.  

El jefe del Ministerio Público aseguró que mantener las funciones judiciales del Congreso, así se incluya el nuevo tribunal de aforados, “es un cambio ‘cosmético’ que prorroga impunidad”. En este sentido aseguró que es la oportunidad para dividir la política de la justicia y solucionar todas las falencias que se han presentado este tiempo.

“No se pueden llevar la independencia de poderes hasta la mitad del camino. Debe ser íntegro pero aquí cada vez se debilita más”, aseguró el Procurador General quien cuestionó el hecho que sea el presidente el encargado de esger la terna que lo va a investigar y juzgar. En este sentido aseguró que este artículo no debe ser avalado en la discusión.

“Estoy de acuerdo con el señor presidente de la República en que se debe romper de una vez por todas el cordón umbilical entre la política y la justicia, pero yo creo que el presidente no debe tener facultades para hacer ternas, esa facultad debe suprimirse para realmente romper el cordón umbilical. El presidente también es un político, es el jefe de los políticos”, precisó el Procurador General.

Según Ordóñez Maldonado el presidente de la República no puede tener la facultad de ternar ni a magistrados a las altas Cortes ni a Fiscal General, puesto que se debe acabar de una vez por todas con esa politización de la Rama Judicial. “Hay decisiones de órganos judiciales que tienen ese ‘saborcillo’ a judicialización de la política. Para blindarnos y para fortalecer nuestra institucionalidad, es indispensable que el presidente no tenga la facultad para hacer la terna del fiscal general de la Nación”.

En este sentido puntualizó que se debe defender la independencia y autonomía de la Corte Constitucional. “Es necesario defenderla e impedir que se convierta en una cortesana (...) No se puede interferir, ni comprar, ni presionar a la Corte Constitucional. Ni interferirla por los otros órganos del poder ni comprarla por nadie, ni por el Ejecutivo, ni por la Fiscalía, ni por ningún funcionario, ahí están comprometidas nuestras libertades públicas”.

Frente al escándalo que sacude actualmente la Corte Constitucional, el Procurador General indicó que las denuncias que se han presentado en las últimas semanas en diferentes sectores deben ser investigadas por las autoridades competentes. “En los casos de varios magistrados de la Corte Constitucional y del fiscal general de la Nación, esos hechos deben investigarse, juzgarse y sancionarse y saber si son responsables o no, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa”.

Para el jefe del Ministerio Público este es el momento para tomar decisiones de fondo frente a la grave crisis que atraviesa en la actualidad la Rama Judicial colombiana, resaltando la necesidad de reconocer que en el país “no es cierto que exista auténtica separación de poderes” y citando casos concretos que ponen en entredicho la independencia de quienes ocupan las altas magistraturas judiciales.

“La intervención del Gobierno en la integración de las ternas para la Corte Constitucional también afecta la independencia de la Corte Constitucional en el control debido a las decisiones que puedan favorecer o no al Gobierno Nacional. ¿Acaso no oyó el país la semana anterior dramáticas denuncias sobre el ‘lobby’ que se hizo para la aprobación del Marco Jurídico para la Paz por parte del Gobierno y de la Fiscalía General de la Nación?”, se preguntó.