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En un escueto comunicado, la Defensoría del Pueblo advirtió ayer que desconocidos llamaron a una funcionaria del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en el Valle del Cauca y la amenazaron de muerte. Lograron contactarla a pesar del sigilo con que las autoridades guardan la identidad de los funcionarios de este sistema, en constante peligro debido a la labor que realizan. Ella hace parte del grupo que el pasado 23 de agosto avisó a las autoridades que la organización criminal ‘Los Urabeños’ estaría dispuesta a pelearle a ‘Los Rastrojos’ el control del puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) y que lo haría a sangre y fuego.
La amenaza motivó una condena de parte del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien lamentó que, “a pesar de las advertencias de la Defensoría, las autoridades no han adoptado medidas eficaces para neutralizar el accionar de los grupos armados ilegales y proteger a la población civil” del Valle del Cauca. Esta es la más reciente de las denuncias que hace esa entidad sobre la crítica situación que se vive en el departamento, principalmente en Buenaventura, punto estratégico para el narcotráfico debido a su condición de puerto y a su posición en medio de los cultivos de coca de Nariño, Valle y Chocó.
Desde octubre, el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico sufre por una ola de violencia, generada por el conflicto entre ‘Los Urabeños’, representados por una “filial” conocida como ‘La Empresa’, y ‘Los Rastrojos’, en el cual ya se han registrado 40 asesinatos, 35 balaceras y 2.000 desplazamientos. Así lo denunció la Diócesis de Buenaventura en una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos el 2 de noviembre. En ella sintetizó de la siguiente manera lo que ocurre en Buenaventura: “El miedo se ha inoculado en cada célula de la población, sin poder generar formas de sobrevivencia en medio de esta prolongada guerra”.
El 23 de agosto, la Defensoría del Pueblo lo había dicho así: “En la zona urbana, los integrantes de ‘Los Rastrojos’, las Farc, y ‘Los Urabeños’, profieren amenazas contra líderes, lideresas y organizaciones sociales, perpetran homicidios y atentados, establecen normas de convivencia, restringen la movilidad de los pobladores en los barrios, controlan los precios e imponen tributos al comercio legal, cobran extorsiones, controlan el microtráfico y la prostitución, administran las empresas de sicariato y practican la tortura y el degollamiento”.
El asesinato “ejemplarizante” ha sido una de las modalidades con las que las bandas criminales han atemorizado a la población con el fin de controlar más fácilmente el territorio. En menos de un mes, tres personas han aparecido desmembradas en playas y barrios de Buenaventura.
El 22 de octubre apareció el cuerpo descuartizado de un ciudadano identificado como Jailer Sinisterra Caicedo. Una semana después, en una playa de la ciudad, las autoridades encontraron el cadáver sin brazos de José Fernando Hurtado Castro. Y el 30 de octubre se halló un cuerpo sin cabeza ni manos, que un día después se descubrió era el de Jaime Paredes Garcés, de 35 años de edad, habitante de esta ciudad. Al parecer, los tres habrían sido descuartizados con motosierra, a la usanza paramilitar. No obstante, las autoridades no han concluido nada al respecto.
El Espectador se comunicó con la Alcaldía de Buenaventura. Sin embargo, al cierre de esta edición la administración municipal no se había pronunciado al respecto. La Policía de Buenaventura ha reforzado su acción contra estas dos bandas criminales y, de acuerdo con el comandante de ka fuerza en esa ciudad, coronel Óscar Gómez, en menos de un mes se han presentado cerca de 40 capturas de miembros de estas organizaciones y de los frentes de las Farc que operan en la zona rural del municipio. Sin embargo, la ola de violencia no merma y los 362.000 habitantes del principal puerto de Colombia sobre el Pacífico viven entre las balas de dos bandas criminales que van por todo para apoderarse de esa ciudad.