La guerra perpetua de la Sierra Nevada

Arhuacos, koguis, wiwas, kankuamos y wayuus son las comunidades que habitan en la Sierra y han sido víctimas del conflicto. / Herminso Ruiz

La apacible vista de un pico cubierto de nieve, al que la geografía ha denominado Sierra Nevada de Santa Marta y que se puede apreciar cuando en Valledupar despunta una mañana fresca, no da pistas de la guerra que allí se enconó con los cinco pueblos indígenas que habitan ese territorio: arhuacos, koguis, wiwas, kankuamos y wayuus, quienes entre 1974 y 2004 padecieron 1.145 actos de violencia. Precisamente fue el contrabando de marihuana —o bonanza marimbera— en la década del 70, la actividad ilegal que descubrió las bondades de la Sierra para evadir las autoridades y suscitó un interés por el control territorial de los grupos armados al margen de la ley.

Media década después, la plantación de coca se perfiló como un negocio rentable para la zona. Desde entonces, la Sierra —que comprende 18 municipios de los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira— ha estado en disputa. Una contienda en la que los dolientes fueron y siguen siendo los 57.586 miembros de las comunidades indígenas y que la Dirección de Contexto y Análisis de la Fiscalía investigó para realizar un informe donde se registró la victimización perpetua que parece ensañarse con esta zona. De hecho, se estableció que la instauración de la violencia en los caminos de la Sierra la convirtió en uno de los recursos estratégicos del conflicto.

Esto es que los armados ilegales —frentes 19 y 37 de las Farc, bloque Resistencia Wayuu del Eln y bloque Norte de las autodefensas— desplegaron todas sus armas para asegurar el territorio, lo que incluye eliminar o desplazar a los indígenas. “Estos actores han recrudecido el conflicto en la región generando dinámicas como disputa territorial entre la guerrilla y los grupos paramilitares; siembra de minas antipersonales —lo cual impide el acceso a la tierra—, ocupación del territorio, restricciones de alimentos, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y señalamientos”, sostuvo el estudio de la Fiscalía. Y añadió que todas estas acciones violentas atentan contra los derechos fundamentales de las comunidades e, incluso, las pone en riesgo de extinción.

Prueba de ello son las 30 masacres que ocurrieron entre 2000 y 2001, cuyo saldo, además, fue de 156 víctimas o las 166 ejecuciones extrajudiciales de 2002 que precedieron los 31 asesinatos que ocurrieron en julio de 2003. Menos de un año después fueron desplazados 2.509 arhuacos y entre 2002 y 2004 hubo 108 indígenas desaparecidos. Cifras que indican una fractura en el tejido social de los pueblos indígenas y la escalada del conflicto entre 1997 y 2007, época para la cual, explicó el informe, se presentó una “confluencia de diversos grupos armados frente al auge de actividades económicas ilícitas que hicieron de la Sierra Nevada de Santa Marta un extenso escenario de la actividad armada”.
Por ejemplo, los paramilitares que hacían presencia en la zona, además de instalar minas antipersonales con artefactos explosivos improvisados, impusieron “restricciones al transporte de alimentos y retenes a la movilidad de las personas, asesinatos que desencadenaron la pérdida tanto de líderes como de personalidades y miembros en general”. A este grupo armado se le atribuyen desplazamientos que superan las 1.500 personas y “una desproporcionada ola de victimización que marcó el accionar de las autodefensas en las comunidades de la Sierra y la notable pérdida cultural”. Los grupos guerrilleros de las Farc y el Eln no actuaron de manera diferente en cuanto al respeto de los derechos ancestrales que cobijan a los indígenas, pues también perpetraron desapariciones y minaron algunas zonas.

Lo anterior aunado al hecho de que estas organizaciones recurrieron al secuestro extorsivo para financiarse y muchos de los indígenas terminaron estigmatizados al ser identificados como colaboradores de estos grupos subversivos. De hecho, tanto la guerrilla como los paramilitares emprendieron un exterminio del bando enemigo, llevándose por delante miembros de los pueblos indígenas que sólo habitaban en ese lugar. Unos los señalaban de ser guerrilleros y los otros de ser ‘paras’, cuando la única realidad es que exigían respeto por sus territorios.

La Fiscalía también encontró un factor relevante en la disputa territorial referido a la presencia que hizo la Fuerza Pública en la zona, pues los uniformados perpetraron 32 actos de violencia entre 2002 y 2009. Según consta en el informe, el Ejército ha “llevado a cabo acciones que han estado por fuera del respeto a los derechos humanos y al DIH. En ese sentido existen victimizaciones ocurridas por las Fuerzas Militares a pobladores de la Sierra Nevada de Santa Marta”, las cuales se traducen en ejecuciones extrajudiciales de los pueblos de la Sierra que fueron presentados como bajas en combate, amenazas e intimidaciones a las comunidades a las que acusaban de favorecer a las guerrillas, privaciones arbitrarias de la libertad, violencia sexual a menores y alianzas con grupos paramilitares.

La Sierra, que para los pueblos indígenas es el corazón del mundo, no sólo sigue siendo una herida, sino que ahora enfrenta el reto de la victimización por conflictos ambientales. Un fenómeno que ha crecido desde 2008, pues algunas actividades financieras y económicas de los grupos armados, como la minería ilegal, atentan contra sus derechos fundamentales y colectivos. El sistema penal acusatorio tiene denuncias sobre delitos de explotación de oro sin título minero, acciones de guaquería, extracción y transporte de material de arrastre y tala de árboles para producir carbón vegetal. Una situación que parece conjugarse con las 117 noticias criminales que hoy estudia la Fiscalía para responderles a estas comunidades, que sienten que la justicia no opera para ellos.

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@macamilarincon