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El asunto Moreno-Montealegre, en el marco del escándalo del llamado cartel de la toga, está escalando. Primero, Moreno declaró en la Corte Suprema que el senador Álvaro Ashton, quien tiene indagaciones preliminares en ese alto tribunal, tenía acceso a la información reservada que manejaba el CTI en los procesos en su contra gracias a la cercanía del congresista liberal con Eduardo Montealegre cuando éste ejercía como fiscal general. En respuesta, Montealegre denunció a Moreno. Su vicefiscal, Jorge Perdomo, también arremetió contra Moreno. Pero el exfiscal anticorrupción no se echó para atrás. Al contrario, ahondó sus denuncias contra Montealegre.
Según reveló hoy el diario El Tiempo, esta semana Moreno volvió a rendir declaración en la Corte Suprema de Justicia y, una vez más, habló de Eduardo Montealegre: afirmó, de acuerdo con la publicación, que el contrato directo que le dio la Fiscalía en 2015 para asesorar a la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema en temas de casación, en realidad era una fachada. El objetivo real de esos recursos, habría asegurado Moreno, era financiar la costosa oficina que él abrió en el norte de Bogotá con el exmagistrado Francisco Ricaurte, quien hoy está en la Picota por este escándalo.
El contrato de Moreno, firmado el 16 de julio de 2015, figuraba en la lista de contratistas directos que reveló este diario en septiembre de ese mismo año firmados por la administración Montealegre, que sumaban en total más de $10.000 millones. En ese listado estaba incluido el controvertido contrato con la politóloga Natalia Springer por más de $4.200 millones, cuyos resultados nunca se conocieron públicamente. En el caso de Moreno, su labor era, según el documento, apoyar y asesorar los recursos de casación y acciones de revisión ante la Corte Suprema. (Aquí se puede ver el mencionado contrato de Gustavo Moreno)
En entrevista con este diario, publicada hace un mes, el exfiscal Montealegre aseguró que contrató a Moreno porque había conocido su libro sobre casación penal y por eso le había parecido idóneo para el cargo. Negó que el exmagistrado José Leonidas Bustos, amigo de suyo desde el colegio, se lo hubiera recomendado. Y dijo que, tras identificarse un posible conflicto de intereses porque Moreno también litigaba ante la Fiscalía, el contrato se había concluido. El 30 de noviembre de 2015 el supervisor del contrato, César Santofimio, pidió que el contrato se diera por terminado “de común acuerdo”.
Hace un par de semanas, Montealegre, como Bustos, mostró que no admite como verdaderas las versiones que el exifscal anticorrupción Gustavo Moreno ha dado sobre él. Una vez se supo que Moreno había declarado en su contra, dando a entender que Montealegre le había permitido tener acceso a información clasificada de sus procesos, el exfiscal general lo denunció por fraude procesal y falso testimonio. Su vicefiscal, Jorge Perdomo, salió también en defensa de Montealegre y contó públicamente que Moreno lo había buscado para tratar de favorecer a Francisco Jattin, hermano de la excongresista Zulema Jattin.
Tras destaparse el escándalo del cartel de la toga, el peor que haya afrontado la Corte Suprema de Justicia —tres expresidentes de esa corporación, Ricaurte, Bustos y Camilo Tarquino, han sido señalados de haber influido en decisiones judiciales a cambio de millonarios pagos—, Gustavo Moreno se ha convertido en testigo clave para la Fiscalía, al punto que ese organismo negocia con él beneficios penales a cambio de que entregue delaciones concretas para procesar a otras personas. Montealegre, sin embargo, insiste en dos cosas: que en su periodo como fiscal general no se promovió la corrupción, y que Moreno es un mentiroso.
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