A sus 73 años el exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol Antonio José Urdinola libra la batalla más difícil de su vida. Desde hace tres meses está en prisión domiciliaria, procesado por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y estafa, por cuenta de los enredos suscitados en la repartición de la herencia de una de las familias vallecaucanas más prestantes: la Garcés Arellano, dueños de 1.500 hectáreas en el corazón estratégico de los ingenios azucareros de esa región. Un pleito que lo tiene enfrentado a las tías y a la abuela de su exesposa Alexandra Garcés —presidenta de Invercauca, también en detención domiciliaria— por una reclamación de $3.400 millones que le “compró” a su suegro, fallecido en 2009.
En diálogo con El Espectador, Urdinola sostuvo que existen accionistas de ingenios que “le están metiendo combustible a este proceso” para quedarse con estas tierras; que toda su vida de servicio público y de negocios quedó manchada por estas acusaciones de sus exparientes y que la Fiscalía ha sido inducida a error en este proceso. Además se quejó del cartel de los falsos testigos. Así se despachó con este diario. (Ver video)
Hace poco salió en el diario ‘El País’ un aviso firmado por Mariana Arellano de Garcés, abuela de su exesposa Alexandra Garcés, en donde lo acusa de ser un ladrón. ¿Qué le contesta?
A lo largo de mi vida manejé el Incomex, Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda sin que jamás pudieran acusarme de haber robado. Haberme vuelto ladrón a estas alturas del juego, por unos montos que no se comparan frente a los volúmenes de dinero que manejé para la Nación, sería muy triste. Las reservas de petróleo del Estado o el presupuesto de la Nación valen billones de pesos. Así que las proporciones son bastante descompensadas frente a lo que me están acusando aquí.
En dicho aviso se asegura que el pleito por las cañas de azúcar de la sucesión de Jorge Garcés ya quedó resuelto por orden de la fiscal 4 de Cali y que su contraparte puede disponer de tales cañas. ¿Eso es así?
El anuncio busca tres objetivos: el primero es hacer creer que yo estoy peleando con una señora de 94 años, abuela de Alexandra; el segundo, que doña Mariana tiene el control de las cañas en disputa y la administración de los predios que se conocen como Papayal, lo cual es falso, porque mi pleito está vigente. El auto que se cita como dando apariencia de que se cerró el pleito ejecutivo puesto por mí en 2004 es una medida cautelar. Están diciéndole engañosamente al sector azucarero y panelero que las cañas de Papayal no están sometidas al embargo mío, sino que son de libre disposición y que cualquiera las puede comprar. A Alexandra le informan que esas cañas las ha venido moliendo el Ingenio Castilla.
¿Quién quiere comprar esas tierras en disputa?
Las tierras son estratégicas por su localización y su monto. Lo que ha impedido su venta desde hace muchos años es el contrato de administración entre la sucesión e Invercauca, que le entregaba a esta última el manejo de las cañas hasta el día en que finalmente se zanjara la sucesión de esas tierras, es decir, el contrato va hasta la entrega de las hijuelas.
¿Hay gente poderosa que se quiere adueñar de esas tierras?
Estoy absolutamente seguro. La razón por la cual este proceso lo voltearon a un problema penal era básicamente para destruir el contrato con Invercauca y lograr por las rutas penales lo que no lograron por las rutas civiles y comerciales en vida de mi suegro Jorge Garcés. Estoy convencido de que este pleito hace mucho rato trascendió la frontera familiar.
¿Y quiénes son estos terceros interesados en azuzar en su proceso para quedarse con esas tierras estratégicas?
Sabemos que son abogados trabajando para Rafael González, accionista de Riopaila-Castilla.
¿Cómo son esas tierras que hoy tienen a la familia Garcés en un pleito con acusaciones de estafas millonarias?
Este no es simplemente un problema de dinero, sino que tiene otras implicaciones. Esa es una zona de tránsito de guerrilla, paramilitares, drogas y armas.
Si este era un problema familiar de una sucesión que arranca en 1988, ¿por qué termina metido en este lío si usted llegó a la familia en 1997?
Porque en 2003, estando casado con Alexandra Garcés, mi suegro Jorge Garcés me dice que está siendo afectado en sus derechos y que ha decidido cobrar una deuda del contrato de administración de Invercauca firmado en 1996. Como estaba de por medio mi señora y mis hijas pequeñas, consideré que tenía la obligación de trabajar conjuntamente con él, y me hice cargo del cobro de esa obligación.
¿A qué horas se complicó tanto una herencia?
Los Garcés tienen una larga historia empresarial y de servicio público en el Valle. El patriarca de la familia era Jorge Garcés Borrero, quien en su momento fue quizás el hombre más rico del país: inversionista y banquero, fundador de la organización JGB. Su hijo Jorge Garcés Giraldo siguió sus pasos y montó su propio ingenio, Papayal. La administración la lidera su hijo mayor, Jorge Adolfo Garcés, mi suegro. En 1995 se contrata un estudio para salvar la empresa con el grupo Pacífico (conformado por Corfipacífico y Fidupacífico, de Álvaro José Lloreda, quien había estado casado con una de las hermanas de mi suegro). Jorge Alberto Lloreda era entonces gerente de Fidupacífico. El estudio recomienda que había que crear unas fiducias para manejar las rentas de las cañas a través de una fiducia de administración en Fidupacífico.
¿Qué pasa ahí?
Que cuando se va a montar la fiducia de administración en Fidupacífico, gerenciada por Jorge Alberto Lloreda, sobrino de mi suegro, se dan cuenta de que ese contrato requiere a un operador de las tierras. Decidieron utilizar como operador a Invercauca (cuyo dueño era mi suegro), para lo cual se firma un contrato de administración en 1996 entre la empresa y la familia Garcés, con una comisión del 17% por administrar las cañas. El contrato comienza a ejecutarse y en virtud de éste las señoras de la familia de mi suegro, es decir, sus hermanas y su madre, recibían una renta mensual a través de Invercauca.
Pero en 1999 el Gobierno intervino al grupo Pacífico por malos manejos de los Lloreda. De hecho, Álvaro José Lloreda y su hijo Jorge Alberto Lloreda hoy son prófugos de la justicia y están condenados a nueve años de prisión. ¿Qué pasó con la sucesión en ese momento?
Los problemas de una sucesión de 25 años se manejaban por un lado, y el contrato de administración con Invercauca se siguió cumpliendo, pese a estar Fidupacífico en liquidación.
¿A qué horas entonces usted entra a comprar esa pelea?
En 2004 le compro a Invercauca los derechos sobre la deuda de la familia Garcés a mi suegro, es decir, ese 17% de comisión de administración.
¿Qué pasa cuando demanda a la familia de su suegro?
La primera reacción de la familia fue pedir una conciliación que no se pudo concretar; y después demandaron las medidas cautelares que me favorecían producto del embargo de las cañas, pero todas esas instancias las ganamos nosotros. En 2009 muere mi suegro e inmediatamente comienzan a circular anuncios firmados por la madre de mi suegro, doña Mariana Arellano de Garcés, diciendo que Alexandra y yo estábamos estafando a la familia. Todo eso deriva en una toma armada de las tierras de Papayal en 2010. Se aparecieron 40 hombres de distintas agencias de seguridad, sometieron a los vigilantes de Papayal, los encerraron en una casa y tomaron control del ingenio presentándose con una carta de doña Mariana en la que decían que ella había tomado posesión de las tierras. Eso fue un acto ilegal y de carácter prácticamente paramilitar, que termina en una denuncia contra el abogado de Rafael González y el hijo de este último, Mateo González, quienes presidieron la toma armada.
¿A qué horas este pleito comercial y civil por estas tierras se volvió un asunto penal?
En 2010, recién fallecido mi suegro, los abogados de sus hermanas ponen una denuncia en la Fiscalía y ellas atestiguan que nunca firmaron el contrato de 1996. Por eso dicen que el contrato es falso. Pero vea: ellas afirman que no conocieron de ningún contrato de administración hasta 2004, cuando presenté la demanda. Eso es falso porque desde 1996 estaban recibiendo mensualmente dinero de Invercauca como consecuencia del contrato. Hay cheques y recibos de pago. Es más, en 2002 ellas piden ceder ese contrato a otra empresa, luego intentan revocarlo y después conciliarlo. Uno no hace todas esas cosas si dicho contrato hubiera sido falso. Ellas mienten.
Si como dice su contraparte, ellos se enteraron de la falsedad del contrato en 2004, ¿por qué sólo denuncian hasta 2010?
Sólo se atreven a hacerlo después de que muere mi suegro. En vida de él jamás se habrían atrevido porque saben la verdad. Ellas dicen que ese contrato es falso, pero fíjese qué curioso: en 1996 el que recibió el contrato en nombre de la familia fue Jorge Alberto Lloreda, hijo de María Antonia Garcés, la hermana de mi suegro que dice que el contrato es falso. Es absolutamente increíble que la persona que ejecuta el contrato supuestamente falso sea el hijo de la señora que alega tal cosa. Además, cómo podían decir ellas que el contrato era falso cuando la propia familia había tratado de cederlo o revocarlo.
¿Y entonces por qué está detenido usted?
Porque el fiscal tercero de Cali, basado en un auto de octubre de 2010 que declara falso el contrato, me acusa de fraude procesal. Después aparece un señor Guzmán a decir falsamente que le consta que el secuestre de Papayal, Gustavo Escobar, recibía dinero de mi suegro, lo cual era conocido por mí, lo que me vuelve parte de un cohecho. La fiscal 4 y el fiscal 3 de Cali aceptan sin discusión que el contrato era falso sin oírnos, a pesar de que hemos probado que las hermanas de mi suegro sí sabían del contrato y que se lucraron de él.
¿Qué se pretendía con esto que denuncia?
El objetivo de ellos de declarar falso el contrato es cerrar Invercauca, porque esta empresa tenía la administración de Papayal hasta la asignación de las hijuelas, y en ese contexto no era negocio comprar esas tierras. Lo que comenzó como un problema de familia derivó en que personas del sector azucarero interesados en esas tierras tenían que destruir ese contrato con Invercauca. Y por eso aparecen los falsos testimonios de las hermanas de mi suegro y de personas como el señor Guzmán vinculadas a accionistas de Riopaila-Castilla. Por eso a las hermanas Garcés Arellano las demandé penalmente.
Al margen de sus pruebas, lo cierto es que hoy usted está bajo sospecha y con denuncias muy delicadas que lo sindican de estafar a la familia Garcés.
En este momento estoy con detención domiciliaria, lo que me afecta personal y profesionalmente. Toda una vida de servicios al país se ha visto manchada porque supuestamente, según Mariana Arellano y sus hijas, me he robado miles de millones de pesos. Pero si no me he robado un peso y he actuado de buena fe, no tengo por qué estar preocupado. Aunque me tocó renunciar a las juntas directivas en las que estaba, porque me parecía completamente inaceptable la situación. Por elemental decencia me aparté.
Por tranquilo que parezca, usted está hoy con un problema judicial muy grave.
Todo lo que se ha montado en torno a los falsos testimonios en Colombia es muy grave. La gente ya no tiene temor de dar falsas declaraciones si les garantizan beneficios procesales, y mientras se prueban las verdades uno queda detenido, con su reputación manchada y con su patrimonio en riesgo.
Es lamentable que un pleito por dinero de una reputada familia del Valle termine en este novelón de denuncias cruzadas.
Me parece tristísimo para Alexandra lo que le ocurre cuando fallece su padre, que se comienza a hacer uso del nombre de doña Mariana, una señora de 94 años que según Alexandra nada tiene que ver en esto. El panorama es supremamente complejo. Por fortuna descubrí para satisfacción mía que los amigos que creía que tenía los tenía. Todos me han dicho que a lo largo de una vida honorable como la mía, que manejé las divisas del país, el petróleo del país, el presupuesto del país, la verdad debe triunfar. Mi gran tristeza es que considero que los procedimientos jurídicos en la Fiscalía se prestan para ser tergiversados y que es muy fácil engañar a los fiscales; no quiero decir nada peor.
¿Usted acusa entonces a sus exparientes de acusarlo sin fundamento?
Sí. El país tiene que saber que esos avisos donde me tachan de delincuente, abusando del nombre de doña Mariana, no son verdad porque yo no me robé un peso. Mi reclamación es legítima. Pero aún insisten en que nos hemos robado $40 mil millones, cuando hasta el último centavo está certificado en los informes del secuestre que están auditados y son revisados por la Fiscalía.
¿Hay otros ingenios azuzando este caso para quedarse con esas tierras?
Los ingenios como tales no, pero sí hay accionistas de ingenios que son los que le están metiendo combustible a este proceso porque necesitaban acabar con Invercauca para cumplir con la ambición de quedarse con estas tierras.
¿Y su reclamación de más de $3.400 millones continúa?
Así es, continúa.
Los demás investigados en caso Invercauca
El exministro de Hacienda Antonio José Urdinola no fue el único capturado el 11 de octubre de 2012 por presuntas irregularidades en el manejo de la empresa Invercauca y otros ingenios azucareros. Ese día se detuvo, además, a su exesposa y presidenta de Invercauca, Alexandra Garcés; al ingeniero de esa misma empresa Jorge Enrique Gasca Zabala, y a María Ligia Parra de González y Luz Estela Henao. A todos ellos la justicia los cobijó con medida de casa por cárcel el 14 de octubre de ese año y permanecerán en sus domicilios mientras se esclarece su participación en el escándalo de Invercauca. La Fiscalía apunta a que ellos habrían incurrido en irregularidades para controlar Invercauca y perjudicar a familiares de Alexandra Garcés, que era accionista de esa empresa. El escándalo es, al parecer, apenas un capítulo del pleito que a mediados de los 90 surgió en el seno de la familia Garcés, una de las más adineradas del Valle, por la herencia del líder del clan, Jorge Garcés Giraldo.
El camino de un exministro de Hacienda
En 1966 un joven economista tulueño dio el primer paso de la que sería una próspera carrera al servicio del Estado. Ese fue el año en el que Antonio José Urdinola, para la fecha recién llegado de la Universidad de Harvard, desempeñó su primer puesto público: jefe de unidad en Planeación Nacional.
Su amplio conocimiento de la economía nacional, el mismo que desplegó en los salones de diferentes universidades, lo llevó a ocupar diferentes cargos administrativos y gerenciales en empresas como el Banco de Bogotá y la Compañía Colombiana Automotriz, de la que fue presidente.
En 1997, tras desempeñarse como consultor de Naciones Unidas y el Banco Mundial, se convirtió en presidente de Ecopetrol y, un año después, en ministro de Hacienda de la administración de Ernesto Samper. Tras el cambio de gobierno trabajó como consultor económico.
El sector azucarero en cifras
Según cifras de Asocaña, el sector azucarero colombiano tiene cultivadas cerca de 224.000 hectáreas en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda y Cauca, en las cuales están instalados 14 ingenios azucareros que también están incursionando en el negocio de generar energía. Esta área de la economía contribuye con el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y con el 4% del PIB agrícola.
Actualmente, el sector está produciendo cerca de 24 millones de toneladas de caña y aproximadamente 2,4 millones de toneladas de azúcar, de las cuales se están exportando casi un millón de toneladas que se venden a 50 países.
Además, al sector va ligado el negocio de producir etanol. Para este año el país estima generar cerca de 2 millones de litros diarios y aproximadamente 370 millones de litros de alcohol carburante al año.