El abogado Luis Bernardo Álzate, quien defiende los intereses de Andrés Fernando Sepúlveda aseguró que su cliente le reconoció hace poco que el ciudadano ecuatoriano Daniel Agustín Bataña Barragán trabajó en su oficina por algunos meses, sin embargo no le hizo mención sobre las labores precisas que este adelantó.
El jurista aseguró que en las últimas semanas Bataña Barragán, quien fue capturado en la noche del pasado martes, se intentó comunicar con él sin embargo nunca le entendió lo que decía debido a que hablaba muy rápido y no precisaba de manera correcta sus ideas. “Sé que es un ciudadano ecuatoriano que sostuvo una relación laboral en la oficina de Andrés para temas de seguridad informática y redes sociales”.
En este sentido señaló además que el ecuatoriano siempre le manifestó que le tenía mucho respeto y solidaridad a Sepúlveda Ardila y “que no tenía nada en su contra”. Bataña Barragán es señalado de haber intentado interceptar los correos electrónicos del exvicepresidente Francisco Santos y su secretaria privada por motivos que aún son motivo de investigación.
Sobre el caso de Sepúlveda Ardila, el abogado defensor aseguró que hasta la fecha se encuentran totalmente suspendidos los acercamientos con la Fiscalía General para la búsqueda de un acuerdo jurídico puesto que no conocen en su totalidad las pruebas con las que cuenta en el proceso el ente investigador.
“La defensa de Andrés Sepúlveda solamente cuenta con la lectura parcial que se hizo por la fiscal y la juez en la medida de aseguramiento, no se ha descubierto una sola prueba”, precisó el profesional del Derecho al considerar que solamente conocen el interrogatorio que rindió su cliente y eso no puede ser calificado como prueba.
Señaló además que en los últimos días su cliente, su esposa y su pequeño hijo han recibido amenazas contra su integridad personal hecho por lo que se ha solicitado a las autoridades que se les brinde la protección necesaria. Reconoció en este punto que desconocen de dónde pueden venir estas amenazas.
“Andrés señala que como ha recolectado información relacionadas con diferentes grupos, alguno de estos estaría interesado en atacarlo y afectarlo”, expresó el jurista quien manifestó que el Estado tiene la obligación de brindarle protección a la familia de su defendido.
El próximo viernes el juez 10 de conocimiento del circuito de Bogotá resolverá el recurso de apelación en contra de la medida de aseguramiento emitida por un juez de garantías el pasado 7 de mayo. Sepúlveda Ardila se encuentra privado de su libertad en los calabozos del búnker de la Fiscalía.