'Hay que reformar la Procuraduría y la Judicatura'

El director de la ONG DeJusticia y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, Rodrigo Uprimny. / Archivo

Como demandante, el abogado Rodrigo Uprimny, director de la ONG DeJusticia y nuevo miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, fue protagonista de un fallo histórico: la anulación por parte del Consejo de Estado de la elección del poderoso presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el –por muy poco tiempo– magistrado Francisco Ricaurte. Esta semana se discute el futuro de otro magistrado —el presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura, Pedro Munar— cuya elección fue demandada por Uprimny y otras personas por lo mismo que la de Ricaurte: por el cuestionado ‘yo te elijo, tú me eliges’. En entrevista con este diario se refirió a la histórica decisión del Consejo de Estado, a una posible reforma judicial, al cuestionado jefe del Ministerio Público y a sus funciones como nuevo integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

¿Cómo recibe la anulación de la elección del magistrado Francisco Ricaurte por parte del Consejo de Estado?

Yo creo que es una decisión muy positiva tanto a nivel jurídico como a nivel de su impacto político. A nivel jurídico este caso presentaba varias complejidades. Para las personas que no están en el mundo del derecho parece obvio que si yo no puedo nombrar al primo de quien me nombró pues mucho menos a quien me nombró. Pero jurídicamente eso tenía alguna complejidad porque hay una tesis de que las prohibiciones constitucionales deben interpretarse de manera restrictiva. Entonces que el Consejo de Estado haya acogido nuestro argumento y el de otros demandantes según el cual en este caso ese principio de que uno debe interpretar ampliamente las prohibiciones no se aplicaba porque conducía a un absurdo creo que es positivo. Entonces creo que es una sentencia jurídicamente acertada incluso si el caso no fuera particularmente importante.

Y este es un caso muy importante…

El caso es muy importante porque le pone un límite a esa impresión fundada –en parte– de que en las altas cortes se está generando una especie de club de amigos en el cual unos magistrados participaban en el nombramiento de otros y luego se hacían nombrar ellos mismos en otros cargos. Ya había habido un ejemplo con el propio procurador Alejandro Ordóñez que fue magistrado del Consejo de Estado. Luego este alto tribunal lo ternó para ser jefe del Ministerio Público y luego él –ya como procurador– nombró familiares de magistrados del Consejo de Estado en la Procuraduría. En el caso de Ricaurte la cosa era aún más grave porque casi se podía reestablecer totalmente la cooptación –que en su momento hubo en las altas cortes– porque la Corte Suprema nombraba en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a Ricaurte y a Munar –que habían sido magistrados de la Corte Suprema– y luego esta misma Sala Administrativa es la que iba a hacer las listas de las cuales la Corte Suprema iba a elegir nuevos magistrados. Entonces se generaba un circuito en el que quienes no fueran amigos de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podían aspirar a llegar a la Corte Suprema a pesar de que tuvieran todos los méritos y fuera muy bueno para el país que llegaran a ese alto tribunal.

Un golpe a la meritocracia…

Esto ahoga el pluralismo que debe existir en las cortes y la meritocracia en la carrera judicial. Entonces yo creo que el impacto de esta decisión es muy importante. Y finalmente creo que muestra una capacidad de reacción por parte de las altas cortes –en este caso del Consejo de Estado– de tomar una decisión que tomarla era muy difícil porque, precisamente, por esa impresión de amiguismo que había en las cortes, romper con eso –y esta decisión lo hace– es un signo de independencia judicial fuerte y elogiable.

¿Será que este fallo va a ayudar a que se abra una discusión sobre cómo se eligen los magistrados?

Sí, yo creo que es un debate que hay que hacer. Y es un debate que tiene sus complejidades. No hay en el mundo un sistema que uno pueda decir absolutamente idóneo para la elección de magistrados de altas cortes. Porque ahí hay principios en competencia. ¿Por qué? Porque uno quiere que lleguen personas muy capaces entonces uno diría, bueno, que lleguen por concurso. Pero a su vez uno quiere que haya una cierta capacidad de control de la democracia sobre esas elecciones para que no se vuelva un corporativismo judicial totalmente insensible a las dinámicas políticas entonces uno quiere que haya una cierta rendición de cuentas de las altas cortes frente a la política democrática y por eso a veces se quiere introducir un componente de decisión política y uno quiere que, además, el sistema de elección fortalezca la independencia, o sea que los elegidos puedan luego ejercer su cargo sin presiones.

¿Entonces?

Entonces tipos de nombramientos que son muy buenos en una dirección como, por ejemplo, nombrarlos por concurso, que fortalece la independencia y da una cierta meritocracia, por el contrario no permite una rendición de cuentas democrática en las altas cortes. Y si uno quiere una mayor rendición de cuentas o una mayor influencia de la política en un buen sentido sobre la orientación de las altas cortes, entonces uno dice que el nombramiento tenga un cierto componente político que en algunos países ha funcionado muy bien, por ejemplo, en Inglaterra y Canadá, donde el nombramiento es político y sin embargo son cortes muy independientes. Por ejemplo a los magistrados los nombra el ministro de Justicia o el Primer Ministro y son de por vida y esos nombramientos tienen un poder judicial ejemplar. Eso en Colombia funcionaría, probablemente, muy mal. Entonces algo que funciona muy bien en una cultura jurídica puede funcionar muy mal en otra.

¿Qué hacer en Colombia?

En Colombia, en los años 60 y 70, la cooptación tuvo –al inicio– unos efectos positivos porque hizo que el poder judicial lograra independizarse un poco de los partidos políticos. Pero luego, en los años 80, esto generó una especie de clientelismo judicial interno muy problemático. Entonces no hay una fórmula única. Pero yo sí creo que sí hay que repensar el nombramiento de los magistrados de las altas cortes y que eso tiene que ver mucho con el debate de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

¿Por qué? 

Porque la Sala Administrativa tiene una influencia decisiva en el nombramiento de los magistrados de las altas cortes porque ella hace las listas de las cuales eligen a sus reemplazos la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Es lo que se ha llamado un sistema de cooptación abierto. Si uno tuviera una Sala Administrativa que tuviera una gran independencia y fuera muy creíble podría ser un sistema que funcione bien porque el Consejo Superior de la Judicatura haría buenas listas y las cortes elegirían buenos reemplazos. Por eso yo he defendido la tesis de que la reforma a la justicia debería centrarse en una reforma a la Sala Administrativa porque en la medida logre una buena reforma del Consejo Superior eso tiene un impacto global sobre la rama. ¿Por qué? Porque de un lado va a tener un impacto sobre la composición de las altas cortes y por otro lado va a tener un impacto sobre la gestión de la Rama Judicial en su conjunto. El actual diseño es un diseño equivocado porque los seis integrantes de la Sala Administrativa son elegidos uno por la Corte Constitucional, dos por la Corte Suprema y tres por el Consejo de Estado y una vez elegidos tienen un período fijo de 8 años y se sienten magistrados. Entonces ni es una Sala técnica que uno diga ahí están personas idóneas para la gestión judicial o para seleccionar magistrados. No, ese proceso de selección no ayuda. Ni es representativa porque ¿a quién representa la Sala Administrativa? No puede uno decir que representa a la Rama Judicial porque, por ejemplo, los tribunales, los jueces, los empleados judiciales no tienen ninguna incidencia en la composición del Consejo Superior.

Entonces no tiene las virtudes de un órgano más representativo, como es el Consejo Superior en ciertos países, en donde se dice que todos los sectores que tienen que ver con la Rama Judicial deben tener alguna voz en el Consejo Superior: hay representantes de las facultades de Derecho, de los abogados, de los jueces, de los magistrados. Incluso participan representantes del Gobierno y del Congreso como diciendo ahí están todas las voces que tienen que ver con la Rama Judicial. Ni es un organismo meramente técnico como decir no, no lo queremos representativo, queremos seis personas técnicas. Entonces yo creo que tenemos un mal diseño del Consejo Superior de la Judicatura y que ese mal diseño incide en la mala composición hoy de las cortes e incide en los problemas de gestión de la Rama. Entonces si uno logra encontrar una fórmula que genere consenso en Colombia y permita una reforma del Consejo Superior habría un avance no en dos o tres meses. Pero en dos o tres años tendría ya un avance significativo en la eficiencia y en la transparencia de la Rama Judicial.

¿Cómo ve la pelea entre Pinilla, Pretelt y Rojas Ríos?

Yo creo que la posición de Pinilla es más respetable en el sentido de que ya eran cosas que él había sugerido en entrevistas anteriores, no es una cosa que se le ocurrió de último momento. Yo creo que es bueno que haya esos debates, que un magistrado plantee críticas a sus colegas cuando son fundadas. Lo que uno debería pedirle al exmagistrado Pinilla –que aunque yo disentí de muchas de sus posiciones creo que ejerció su función de forma respetable– un sustento. Aunque creo que en esta discusión yo tiendo a estar con el exmagistrado Pinilla. El interrogante duro es ¿Qué pasa cuando un magistrado tiene reservas sobre otros magistrados y no tiene pruebas? ¿Cuál debe ser la actitud? No es fácil tener una respuesta a esa situación.

¿Cómo ve la situación actual de la Rama?

Yo siempre he defendido la tesis de que el balance de la Rama Judicial en Colombia es un balance mixto: ni es tan catastrófico como algunos la presentan ni es tan bueno como otros la señalan. Cuando hubo el debate sobre si era necesaria una reforma a la justicia uno oía a los representantes de las cortes prácticamente que lo único que se pedía eran recursos. Como si la Rama Judicial funcionara muy bien y solo le faltaran recursos. Hay otros que casi que dan a entender que la Rama Judicial colapsó, que no sirve de nada y que no perderíamos nada reemplazándola por otra. Yo creo que la situación es más compleja. Que la Rama Judicial de todos modos tiene una tradición de independencia que todavía existe y que no es menor.

El hecho de que el Consejo de Estado hubiera sacado fallos contra militares; que la Corte hubiera procesado políticos; que la Fiscalía haya podido sustentar acusaciones en casos de criminalidad compleja tampoco es menor y que la Corte Constitucional haya controlado los poderes de excepción del Ejecutivo o haya impedido la permanencia indefinida en el cargo del expresidente Uribe no son cosas menores. O que exista la acción de tutela. No son cosas menores. Yo creo que uno tiene que hacer un balance más ponderado. Por eso yo respetando mucho a quien fue en cierta forma colega en esta demanda contra Ricaurte, el abogado y columnista Ramiro Bejarano, no estoy muy de acuerdo con la revocatoria de las altas cortes. Creo que uno tiene que evitar propuestas riesgosas y tratar de pensar una reforma judicial que potencie las cosas buenas que tiene la Rama Judicial y limite las distorsiones identificadas con rigor.

Lo que pasa es que en los últimos tres años ha habido unas evidencias de este amiguismo en las altas cortes que ha contribuido a deterioro muy profundo de la imagen de la justicia colombiana y creo que es algo que hay obviamente que corregir. Yo creo que el mecanismo más que revocatorias, que yo creo que son riesgosas, el mecanismo es lograr una reforma del Consejo Superior que permita una renovación en un corto plazo de las altas cortes y de pronto cambiar el sistema de nombramiento y que haya una renovación progresiva. La propia decisión del Consejo de Estado muestra que en las altas cortes todavía hay cosas muy buenas. Ni tengo la imagen catastrófica ni que a la Rama solo le faltan recursos.

Y ¿cómo vio a los organismos de control durante la pasada campaña?

Yo creo que un debate pendiente es el debate sobre si no tenemos controles excesivos que terminan siendo ausencia de control. En Colombia como que en algún momento se empezó a desarrollar implícitamente la idea de que para combatir una corrupción que es amplia lo mejor es que haya controles y controles. Uno en un caso puede tener la intervención de la Fiscalía por si hubo un delito; de la Procuraduría porque pudo haber una falta disciplinaria; una de la Personería si es un caso presentado en el Distrito; una de la Contraloría porque pudo haber un menoscabo fiscal y un llamado de atención del defensor del Pueblo. Entonces todo eso genera la impresión de que hay un gran sistema de control. Pero precisamente, como hay tantos controles, la responsabilidad del control se diluye y los efectos en el mediano y largo plazo no parecen muy positivos. Tocaría repensar las estructuras de control en Colombia y repensar si tenemos controles excesivos que dificultan la buena gestión administrativa sin impedir realmente los atentados al patrimonio del Estado.
Tenemos uno de los peores escenarios: que un funcionario que quiera actuar de manera honesta tiene controles por todos lados que le impiden actuar pero esos controles no impiden que haya focos de corrupción. Creo que tenemos algo mal diseñado. Yo he planteado un adelgazamiento radical, una eliminación, pero creo que eso es políticamente inviable, pero sino un adelgazamiento muy fuerte de la Procuraduría, que se reduzcan sus funciones disciplinarias y su intervención en los procesos judiciales, que no cumple ninguna función y es costosa, y eso digamos podría ir refinando los controles y apostarle mucho más al control ciudadano y al control político. En Colombia la gente en vez de hacer control ciudadano y control político dice pongamos una queja disciplinaria cuando a veces el asunto no es disciplinario sino un problema de gestión ineficiente que lo que requiere es una reprimenda política ciudadana y no tratar de decir que ahí hubo una falta disciplinaria o un delito.

¿Cómo en el caso de Petro?

En el caso de Petro hubiera sido más deseable que hubiera habido el debate, la revocatoria, y que en ella la ciudadanía se hubiera pronunciado y dicho si estaba de acuerdo con su gestión o no y quería un nuevo alcalde. Que haya un ciudadano más vigilante y no decir bueno, ‘como no estamos de acuerdo como manejo las basuras nos inventamos digamos que eso fue una gravísima falta disciplinaria’ y que la Procuraduría lo destituya en vez de que sea una labor ciudadana de control político. Yo creo que sí es un tema que requiere ser repensado y a su vez como son organismos tan poderosos pues se prestan a una politización porque ejercen un poder muy fuerte. El poder del procurador es enorme: la capacidad de destituir casi cualquier funcionario por un proceso que él controla completamente, que es un proceso inquisitivo en donde la Procuraduría misma investiga, acusa, resuelve las apelaciones y solo algunos años después hay un control judicial. Me parece que hay riesgos y no se ven los controles. Con esto no estoy diciendo que no deba haber organismos de control. Claro que debe haberlos pero que de pronto tenemos que revisar su diseño.

¿Y el fiscal? El exvicepresidente Francisco Santos llegó a decir que Montealegre es un fiscal de bolsillo…

Yo no creo. Yo creo que el fiscal Montealegre en algunas declaraciones ha sido desafortunado. Creo que en algunas ocasiones ha hablado demasiado. Pero creo que la orientación general que le está dando a la Fiscalía de tratar de establecer una investigación judicial más estratégica con estructuras de priorización es acertada. Creo que eso no son resultados que se obtienen de manera inmediata pero creo que es la orientación adecuada de la Fiscalía. En un país que tiene problemas complejos de criminalidad organizada no se puede mantener la idea de que el sistema judicial sea simplemente reactivo. Eso tiene sentido cuando uno tiene criminalidad organizada.

¿De qué se trata el nuevo cargo en el que se encuentra?

Yo fui nombrado miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que es el órgano encargado de monitorear el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del cual Colombia y otros 159 países son parte. Este Comité yo creo que es muy importante por varias razones: es el órgano que elabora la doctrina autorizada sobre derechos económicos, sociales y culturales. Lo que dice no es estrictamente obligatorio pero se considera que es como la opinión autorizada jurídicamente sobre el tema. Segundo, hace una vigilancia sobre los informes que presentan los países cada cinco años. Y finalmente va a empezar a resolver casos individuales porque se aprobó un protocolo para presentación de casos aunque solo opera para los países que hayan ratificado el protocolo que son unos 15 hasta ahora.

¿Cómo ve el panorama de esos tres tipos de derechos a nivel mundial?

Yo creo que el incremento de la desigualdad en el mundo, creo que el debate sobre la desigualdad está en el corazón de la realización de los derechos sociales. Yo creo que hoy en el mundo hay recursos materiales suficientes para que todo el mundo tenga sus derechos económicos y sociales satisfechos. No es un problema de limitación de recursos sino de mal reparto.

¿Cómo ve el caso de Brasil, con mundial pero con una desigualdad terrible?

Yo creo que Brasil ha hecho en los últimos 10 años pasos para nada deleznables en reducción de la pobreza y la desigualdad. Era el país más desigual de las Américas, hoy ya no lo es. Sigue teniendo niveles de desigualdad altos pero los ha venido reduciendo gracias a medidas como, por ejemplo, los programas de ayuda condicionada.

Faltan acciones más vigorosas y creo que en ese contexto el debate de haber realizado un mundial que implica inversiones que para el fisco brasileño pueden no ser tan importantes pero que de todos modos simbólicamente son opresivas. Digamos hacer un estadio de centenares de millones de dólares en Manaos donde no se va a volver a jugar fútbol de manera intensiva creo que eso no lo debería haber hecho un gobierno de izquierda comprometido con la igualdad. Y eso plantea un debate fuerte de la relación entre mundiales y países con pobreza y desigualdad. Creo que ahí las reglas para hacer mundiales en países con pobreza y desigualdad no pueden ser las mismas que las reglas para hacer mundiales en países ricos y más igualitarios como los europeos.

Es decir que lo que la FIFA podría exigirle a Alemania no se lo podría exigir a un país poderoso pero con desigualdad y con niveles de pobreza todavía muy altos como Brasil. Lo que pasa es que como a la FIFA no se le puede presentar tutelas o acciones de control porque es un poder sin control. Pero ahí hay un problema serio.

¿Y los derechos culturales?

Yo creo que el debate sobre cómo compaginar en el Estado nacionalidades diversas o grupos culturalmente diversos haciendo que de todas formas sea viable y sostenible el Estado nacional es una de las grandes discusiones a nivel mundial. Creo que el caso de Ucrania lo muestra. Ahí hay un debate muy fuerte sobre cómo acomodar identidades culturales diversas en un mundo que todavía está fundado en algo que llamamos el Estado nacional. En ese sentido creo que América Latina tiende a ser ejemplar en el mundo con el constitucionalismo multicultural que se ha desarrollado en América Latina. Somos un ejemplo porque luego se siglos de opresión a las minorías –en algunos casos mayorías como en Bolivia y Guatemala– hemos logrado avanzar en la búsqueda de estructuras constitucionales que admitan la regulación de la diversidad en los Estados.

¿Hay alguna decisión judicial que espere tanto como la de Ricaurte?

El caso del procurador Alejandro Ordóñez en donde aunque el caso no es el mismo que el de Ricaurte tiene que ver con la misma norma constitucional que es la violación del artículo 126. En este caso no es tanto que al procurador lo hubieran nombrado personas que él hubiera nombrado –que fue un poco el caso Munar y Ricaurte– sino que el procurador nombró en el Ministerio Público a familiares de personas competentes para intervenir en su designación porque nombró familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que a su vez lo ternaron y entonces nosotros creemos que por esa razón el procurador violó el artículo 126 y eso viola toda su elección.