"He sido víctima de un cúmulo de persecuciones": Oneida Pinto

La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez presentó formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se le entreguen medidas cautelares para proteger lo que denomina la violación por parte de las autoridades judiciales a sus derechos políticos y a la vida.

Para la exgobernadora departamental en los últimos meses ha sido víctima de una persecución por parte de dirigentes políticos que minaron su postulación como cargo a la Gobernación por parte de Cambio Radical, luego demandaron su elección y posteriormente la acusaron de tener participación con unas amenazas.

En entrevista con La FM la exgobernadora, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado por violar el régimen de inhabilidades, aseguró que se le vulneraron sus derechos políticos, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a la elección popular y el derecho a la vida, éste último por los señalamientos hechos en su contra.

Debido a esto se considera una “perseguida política” puesto que además de sacarla de la Gobernación ha sido acusada de actos de corrupción –principalmente los que tienen que ver con la contratación de alimentación escolar- y las amenazas en contra del gobernador encargado Jorge Enrique Vélez.

“No tengo seguridad en mi país”, aseguró Pinto al señalar que después de salir de la Gobernación le quitaron su esquema de protección y seguridad. “No es posible que me traten cómo me han tratado en mi país, no me respetan el derecho como víctima”, precisó la exgobernadora quien salió del país el pasado martes.

En su concepto hay un riesgo inminente en contra de su vida e integridad. “Después que ganamos por un amplio margen empezaron las amenazas, la persecución en contra de la mujer, de las minorías, de 781 mil personas que votaron por mí y que quería un cambio en el departamento de La Guajira”.

Resaltó que existen evidencias frente al complot en su contra y la violación de sus derechos políticos. Considera que las acusaciones de corrupción en su contra son falsas debido a que solamente estuvo seis meses en su cargo, tiempo en el cual únicamente se avaló el plan departamental de desarrollo.

Igualmente rechazó los señalamientos sobre su participación y conocimiento en los mensajes amenazantes que recibió el mandatario departamental encargado, hechos que motivaron su expulsión de Cambio Radical. “La Fiscalía deberá llegar al fondo de esta investigación y quiénes están detrás de las amenazas”.

Finalmente anunció que regresará al país el próximo sábado. La Fiscalía General tiene lista la imputación de cargos en su contra por el delito de amenaza a testigo, por lo que solicitará a un juez de control de garantías que se le cobije con medida de aseguramiento.