La historia de la primera restitución de tierras en una zona de reserva forestal

/Archivo - Cortesía Unidad de Restitución de Tierras

La intensificación del despojo de tierras a los campesinos por parte de los actores armados ilegales en diversas zonas del país, no sólo causaron que sus víctimas engrosaran los cinturones de marginalidad de las medianas y grandes ciudades, sino también que se repitiera una cadena de odios, reforzando el conflicto social y armado en el país.

En respuesta el gobierno ha impulsado diversas instituciones y herramientas jurídicas que son cruciales tanto en las condiciones actuales para la construcción justicia social como para un eventual exitoso posconflicto. Entre ellas, cabe resaltar la expedición de la Ley 1448 de 2011 que en su artículo 103 creó la Unidad de Restitución de Tierras, entidad encargada de entre otros aspectos de “Tramitar ante las autoridades competentes los procesos de restitución de predios de los despojados o de formalización de predios abandonados en nombre de los titulares de la acción, en los casos previstos en esta ley”.

Atendiendo a los propósitos con los que fue creada, la URT logró la sustracción de 744 hectáreas de tierra que se ubican en zona de reserva forestal del departamento de Nariño, específicamente en el municipio de El Tablón de Gómez. Tierras que serán entregadas a campesinos que se habían establecido en dicha zona pero por la presión de la intensidad de la confrontación armada entre los diversos actores armados ilegales como las Farc, el Eln, los grupos paramilitares habían tenido que salir de su territorio.

Como lo han establecido investigadores de la URT así como periodistas del portal Verdadabierta.com, desde hace más de dos décadas los pobladores de las veredas y corregimientos del municipio han sido afectados por los enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y paramilitares por sitios propicios para la siembra de cultivos ilícitos y rutas para el narcotráfico. Registrándose uno de los éxodos más intensos hacia las zonas urbanas del departamento de Nariño en el mes de abril del año 2003, en el Corregimiento La Cueva, vereda Pitalito Alto.

Es la primera vez que en el país se toma una decisión legal en este sentido ya que dichas tierras se encuentran bajo la Ley 2a de 1959, normativa encargada de proteger siete áreas a nivel nacional declaradas como zonas forestales protectoras y bosques de interés general. Como lo explican voceros de la Unidad “en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió una resolución que le permite a la URT elevar solicitudes de sustracción de zonas de reserva forestal, cumpliendo los requisitos de la Resolución 629 de 2012”.

Fue así mediante la petición de la URT que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible decidió el pasado 30 de julio sustraer el área que corresponde a un total de 744 hectáreas de un área de la Reserva Forestal Central ubicadas en el municipio de El Tablón de Gómez, Nariño.

“A través de esta decisión podemos realizar la solicitud de formalización de la propiedad de las tierras a sus habitantes, correspondientes a las veredas de Campo Alegre, Pitalito Alto y Pitalito Bajo. Luego de hacer la sustracción de la zona y al no estar afectada por dicha restricción ambiental para que la URT pueda incluirlas en el registro de tierras despojadas o abandonadas de manera forzosa. Entonces ya se puede presentar las demandas ante los jueces agrarios encargados de la restitución para que se haga efectiva la formalización de esas tierras. Tenemos proyectado presentar dichas demandas el cinco de diciembre, y se espera que los jueces resuelvan las demandas en un tiempo no mayor a cuatro meses.”, dijo a El Espectador Hernando Andrés Enríquez, director territorial de la URT en Nariño.

“Ya fue una zona consolidada por la comunidad desde hace muchos años. Allí, la barrera legal que tiene la ley segunda, lo que está generando es un problema para la comunidad porque se está convirtiendo en una trampa de pobreza”, afirmó al respecto el actual director de la URT, señaló Ricardo Sabogal Urrego.

El Espectador conoció el caso de Alejandro Diaz* un padre de una de familia, de las 230 que se prevé se beneficiarán con la sustracción. Alejandro así como más de 200 personas elevaron un número equivalente de solicitudes ante la URT para que las tierras que habitaron sean tituladas. Para Díaz no fue sencillo salir por segunda vez de hogar. Hace 20 años se asentó en la región huyendo de Guapi el departamento del Cauca porque la situación se hizo invivible y temía que sus hijos fueran cooptados por un grupo armado ilegal, además aseguró que no tenía propiedad, el drama de muchos colombianos, así que decidió colonizar en la Reserva Forestal.

La intensidad de la confrontación entre los actores armados obligó a que Alejandro en 2010 tomará la decisión de salir de las tierras que tantos años había habitado para salvaguardar su vida. En el año 2012 decidió regresar, ya que la seguridad de la zona cambio, pero no cuenta con título de propiedad que le permita acceder a créditos o subsidios agrarios.

“Tome la decisión de ir a la URT porque sin la titulación ni mis vecinos ni yo podemos acceder a proyectos productivos ni a subsidios, lo cual nos impide tener una vida mejor en este rincón de Colombia”, anota Díaz.

Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras informó que en sus oficinas en Nariño se han recibido 714 solicitudes de inscripción en el registro de tierras, que están relacionadas con el municipio de El Tablón de Gómez. De estas, 257 se encuentran en trámite ante los jueces agrarios informó mediante un comunicado de prensa la URT.

Según las cifras de la URT en dos años de funcionamiento y en medio del conflicto 84.516 hectáreas han regresado a manos de 11.401 personas y 300 mil hectáreas se encuentran en a la espera del fallo de los jueces agrarios especializados formados en el contexto de la Ley 1448 del 2011.
Voceros de la URT informaron que se adelantan estudios de microfocalización para elevar solicitudes de este mismo tipo en otras zonas del país y normalizar la situación de colonos y pobladores sin títulos de propiedad sobre la tierra.