La historia de un funcionario 'discriminado por la Defensoría'

Su salud se agravó por la negativa de la entidad a dejarlo trabajar desde su casa, se suma a las denuncias que ponen en tela de juicio las condiciones laborales en la entidad.

Jaime Flórez Suárez
19 de noviembre de 2015 - 03:33 a. m.

Tras un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá, emitido el pasado 21 de octubre, Jaime Rincón, un funcionario de la Defensoría del Pueblo, con discapacidad para caminar, podrá al fin trabajar desde su casa, para el provecho de su salud. Pero la buena noticia tal vez llegó muy tarde para él. Entidades de salud le venían recomendando desde hace cuatro años a la Defensoría que implementara el teletrabajo con Rincón, cuando todavía podía sostenerse con muletas y el dolor no era tan desesperante como ahora.

Paradójicamente, la entidad estatal “responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos de los colombianos”, como está consignado en su misión institucional, no acató las recomendaciones médicas que buscaban proteger la salud de uno de sus empleados. Hoy, Jaime anda entre caminador y silla de ruedas y sufre depresión y ansiedad por los fuertes dolores. Suplicios que, dice, se hubiera podido evitar si las acciones de la Defensoría se hubieran dado antes, sin la necesidad de una orden judicial.

El cáncer dejó al abogado Jaime Rincón con problemas para caminar. En 1997, un tumor lesionó su médula espinal. Después de pasar seis meses en una clínica, salió movilizándose en silla de ruedas y caminador. De inmediato empezó su proceso de recuperación, que avanzó con éxito, tanto que ya caminaba con muletas. En noviembre de 2006, tras recibir un dictamen médico que calificaba de “bueno” su estado de salud, se posesionó en la Defensoría del Pueblo. Rincón se sentía bien. Pero las jornadas laborales que pasaba frente a un computador, sentado en una silla, en posiciones que no favorecían su columna, empezaron a pasarle factura.

Por tal razón, el 21 de septiembre de 2011, Medilaboral, empresa contratada por la Defensoría para realizar un examen de salud periódico, le recomendó a la entidad “revisar las jornadas laborales para adecuarlas al paciente”. La sugerencia no fue acatada y un año después, los dolores de Rincón se hicieron crónicos.

Con un acuerdo firmado entre la Defensoría y dos sindicatos de empleados, Rincón creyó ver una salida a su suplicio. El 22 de julio de 2013 la entidad se comprometió a implementar el teletrabajo para los empleados con discapacidad. El plazo máximo para hacerlo era de dos años, pero el tiempo pasó y la promesa quedó en el papel. El 8 de octubre de 2014, en un nuevo examen periódico, Salud Vital, le recomendó otra vez a la Defensoría la implementación del teletrabajo para Rincón. Ante la sugerencia, de nuevo hubo oídos sordos.

Pese a los dolores que padecía y al viacrucis que le significaba cada jornada en la oficina, Rincón nunca descuidó el trabajo, el cual hacía casi por completo desde su casa, en su tiempo libre, pues en la oficina y con los dolores le era imposible concentrarse. Es más, el desempeño de Rincón es sobresaliente. Según quedó consignado en el fallo de tutela, el abogado, cuya labor es presentar casos ante la Corte Constitucional para que los revise, lo ha hecho con aceptables resultados. En el último año, el 75 % de sus trámites fueron aceptados por el alto tribunal.

Durante el 2015, la rutina de Rincón siguió siendo la misma. En medio de incapacidades y complicaciones de salud, continuaron sus solicitudes para que se analizara la posibilidad de trabajar desde su casa, acostado en su cama y sin la necesidad de desplazarse hasta las instalaciones de la Defensoría, en un recorrido que afecta su delicada columna.

Pero luego de que Rincón le remitió su historia clínica a Ana Elizabeth Hernández, coordinadora de Talento Humano de la entidad, el 13 de marzo recibió esta respuesta: “Durante la revisión de la viabilidad para establecer la modalidad de teletrabajo, se requiere el cumplimiento de la jornada laboral de 8 a.m. a 5 p.m.”.

Ante el “alarmante estado de salud” de su paciente, la terapeuta física Liliana Guayara le mandó una carta a la Defensoría el 22 de junio pasado. “Es evidente que el paciente Rincón ha tenido desde finales del año 2012 un deterioro progresivo en su salud por daños en su columna (…) que puede estar relacionado con la falta de cumplimiento de las recomendaciones de los diferentes profesionales que lo han tratado”. Una vez más, la petición cayó en saco roto.

Un funcionario de la Defensoría del Pueblo le dijo a este diario que la entidad sí reaccionó sobre el caso de Rincón, ajustando el entorno laboral a sus condiciones, con una silla ergonómica y algunos cambios en la infraestructura. Además, señaló que Rincón nunca presentó de forma adecuada los requisitos y conceptos médicos para que se tramitara la posibilidad de trabajo desde su casa, pese a las múltiples comunicaciones sobre su salud que sostuvo con varias dependencias de la entidad.

Para Rincón, la inoperancia de la Defensoría demuestra la arrogancia de sus superiores. Además, señala que se siente discriminado por su discapacidad. Sus quejas se suman a las recientes denuncias de maltrato laboral en la entidad, dirigida por Jorge Armando Otálora, hechas desde la revista Semana por los columnistas Daniel Coronell y Juan Diego Restrepo. El cuestionamiento es qué tanto se respetan los derechos de los funcionarios dentro de la entidad encargada de velar por los derechos de todos los colombianos. Tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Rincón tendrá lo que viene pidiendo desde hace años. Al fin podrá trabajar desde su casa, aunque tal vez ya sea tarde para su salud.

Por Jaime Flórez Suárez

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