La hora cero de Saludcoop

En los próximos días el Gobierno debe decidir si liquida o nacionaliza la EPS del sector cooperativo, que tiene siete millones de afiliados.

Redacción Judicial
16 de marzo de 2014 - 11:59 a. m.
La hora cero de Saludcoop

Hace tres años, en respuesta a denuncias formuladas en el Congreso por el senador Jorge Enrique Robledo y varios informes de diversos medios de comunicación, la justicia y los organismos de control pusieron su lupa sobre la EPS Saludcoop, en ese momento el grupo empresarial más exitoso del sector y una de las diez organizaciones económicas privadas más grandes del país. En los últimos 30 días, este emporio cooperativo, que llegó a integrar a medio centenar de compañías en cuatro países, ha tenido tres reveses judiciales en línea, sin que en definitiva se sepa si se violaron las leyes en el ámbito penal.

La mala racha de Saludcoop empezó el pasado 11 de febrero, cuando la Contraloría confirmó su fallo de responsabilidad fiscal expedido tres meses antes, a través del cual ordenó a sus directivos resarcir el patrimonio público en cuantía cercana al billón y medio de pesos. Veinte días después, el 4 de marzo, la Procuraduría General de la Nación confirmó su sentencia efectuada cinco meses antes, multando al presidente de Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino, con 100 salarios mínimos mensuales e inhabilidad para ejercer empleos públicos o contratar con el Estado por 18 años.

Esta semana, fue la Superintendencia de Salud la que aportó la tercera decisión adversa a los intereses de Saludcoop: la intervención de 152 clínicas y hospitales de la Corporación IPS Saludcoop, que hoy atiende a cerca de siete millones de pacientes. Lo paradójico es que esta decisión no cayó bien en la Contraloría, cuya titular, Sandra Morelli, señaló al superintendente de Salud, Gustavo Morales, de no atender su advertencia de cobijar con la medida de intervención a todo el grupo. El funcionario aludido se defendió diciendo que su determinación no afecta los embargos de la Contraloría.

En los próximos días, la misma Superintendencia de Salud deberá definir si prorroga la intervención a la EPS, si la devuelve a sus dueños como lo ha solicitado el pool de abogados que defiende a los accionistas del grupo o si ordena su liquidación definitiva. El tema es de tanta trascendencia que hasta el expresidente Ernesto Samper, según él porque le preocupa el tema de la salud, ha planteado que se busque un esquema distinto a la liquidación para salvar la cooperativa, situación que en su criterio podría darse, pues Carlos Gustavo Palacino ya está afuera y hay que preservar la atención de siete millones de pacientes.

La palabra definitiva en este asunto podría darla la Fiscalía, que hasta el momento no ha citado a interrogatorio a directivo alguno de Saludcoop, pero desde octubre de 2013 acopia información particular sobre Palacino y sus segundos, recibe reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda, y revisa en detalle los movimientos financieros derivados de la adquisición de medicamentos y prestación de servicios de salud. Esta semana, la Red de Veedurías Ciudadanas insistió al ente investigador que agilice sus pesquisas e impute cargos a Carlos  Palacino.

La historia de Saludcoop está asociada a la ley 100 de 1993, que cambió el sistema de salud en Colombia. En ese momento, el matemático y actuario Carlos Gustavo Palacino, quien había desarrollado una meritoria carrera en Seguros La Equidad, ideó un modelo sustentado en la integración vertical y con aportes de capital de 20 cooperativas creó la EPS. De ahí en adelante, primero a través de afiliaciones masivas, incluyendo pacientes excluidos de otras administradoras de salud, y luego adquiriendo clínicas pequeñas para fortalecerlas, fue expandiendo sus servicios hasta llegar a las capitales.

Cuando el Seguro Social entró en crisis hacia 1996, Saludcoop recibió miles de afiliados y su oferta se multiplicó con creces. Entonces, empezó su desbordada expansión. En su fallo de 378 páginas, la Contraloría detalló año a año cómo se dio este crecimiento. Por eso, en su análisis dejó claro que fue a partir de 1998 cuando la EPS inició sus prácticas irregulares de desviar recursos parafiscales en beneficio de sus intereses. Ese 1998, puntualizó el organismo de control, el daño fiscal causado por Saludcoop por el desvío de recursos del Sistema General de Seguridad Social (SGSS), llegó a $14.845 millones.

Esta cifra fue aumentando paulatinamente hasta llegar al billón y medio de pesos de daño fiscal, según las cuentas de la Contraloría. En el camino, en particular a partir de 2001, fue cuando Saludcoop empezó a expandirse hacia actividades conexas. Primero para crear compañías de confecciones de ropa hospitalaria, suministro de alimentos o de seguridad para sus propias compañías, y después para comprar otras EPS como Cafesalud o Cruz Blanca. Tras el éxito de sus operaciones, el asunto se fue ampliando hacia inversiones inesperadas: un club de golf, patrocinios deportivos o activos en el exterior.

Todo iba viento en popa hasta comienzos de 2011 cuando el grupo, que ya movía capitales superiores a $2,5 billones al año, súbitamente se vio envuelto en un extraño enredo. Aparecieron unos 8.000 cheques girados y no pagados a proveedores. Este suceso se convirtió en una señal de alarma que motivó las primeras denuncias en el Congreso y la prensa. Pronto se supo de inconsistencias en inversiones, dificultades de caja, gastos exóticos o altos honorarios a directivos y abogados. Sin embargo, el asunto que rebosó la copa fue saber que esta expansión económica se había sustentado en recursos de la salud.

Eso motivó la intervención del Estado a través de los organismos de control. Hoy, las investigaciones en contra de Saludcoop por presuntos desvíos de recursos parafiscales ya tienen un catálogo de casos por evaluar: remodelaciones en las clínicas y hospitales, patrocinios a eventos deportivos sin relaciones de causalidad con la salud, bonificaciones al consejo de administración del grupo, elevados gastos por costosas asesorías jurídicas, gastos de viajes a lejanos destinos, donaciones a campañas políticas, pagos de obligaciones financieras, adquisición de vehículos y propiedades y hasta amortizaciones de leasing.

Como era de esperarse, cuando se puso en evidencia este uso de recursos públicos del sector salud, el tema se volvió escándalo. La Contraloría declaró los hechos como de impacto nacional. La Procuraduría ordenó un procedimiento verbal para neutralizar otros riesgos de fraude. La Superintendencia de Salud intervino la EPS. La reacción de los investigados fue apartar a Palacino de la presidencia y encarar los problemas. Entre tanto, la atención de los pacientes empezó a crear una crisis paralela. En 2013 el número de quejas llegó a 380.259. Las tutelas y derechos de petición se multiplicaron.

Sin embargo, cuando se esperaba un frente unificado del Estado contra Saludcoop, sucedió un inesperado agarrón entre la contralora Sandra Morelli y el fiscal Eduardo Montealegre. La razón: los señalamientos de la primera contra el segundo de no tomar decisiones penales, recordándole que en calidad de abogado de Saludcoop, entre 2006 y 2010, el hoy fiscal, a título de asesoría jurídica, había recibido por honorarios más de $2.000 millones. Incluso, la contralora Morelli lo denunció ante la Comisión de Acusación de la Cámara porque supuestamente seguía recibiendo honorarios de Saludcoop.

El fiscal Montealegre, quien al asumir su cargo se declaró impedido para participar en cualquier investigación contra Saludcoop, insistió en que cedió sus contratos y aseguró que el caso va a aclararse penalmente. Hoy crecen los rumores de que se aprestan decisiones en el ente investigador en varios frentes: supuestos falsas facturas para cobrar servicios de salud al Estado, desvío de recursos parafiscales para ejecutar inversiones privadas, contratos de compraventa para adquirir empresas y, obviamente, la compra del exclusivo complejo habitacional Villa Valeria en Restrepo (Meta).

 

En medio de reclamos contra el agente interventor Guillermo Grosso por la caída en los servicios de la EPS; la incertidumbre por lo menos 25 mil empleados del grupo atentos al desenlace de este escándalo; las dudas frente al futuro inmediato de 152 clínicas y hospitales que prestan servicios a siete millones de usuarios; o las acciones desplegadas por la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía, la decisión mayor está hoy en manos de la Superintendencia de Salud. ¿El Gobierno liquidará la EPS o la nacionalizará como en las crisis financieras? ¿Procederán los embargos? ¿Responderá Palacino ante la Fiscalía? Llegó la hora de las decisiones.

Por Redacción Judicial

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