La hora cero para la 'nueva' Fiscalía

Tras la firma del presidente Juan Manuel Santos de siete decretos el pasado 10 de enero, se dio vía libre a la reestructuración más grande que ha tenido la Fiscalía desde que fue creada en 1991. Este lunes 31 de marzo empezará la misión de reconstruir el ente investigador que tendrá un nuevo organigrama, nuevas fuentes de ingreso, una universidad y el objetivo de crear carrera al interior de la entidad, es decir, que sus funcionarios puedan tener proyección y ascenso a partir de sus méritos. Una idea que fue adelantada por la administración del fiscal general Eduardo Montealegre y liderada por su asesora Gloria Stella Ortiz –quien hoy en día busca integrar la terna para llegar a la Corte Constitucional–.

Son muchos los retos a los que se enfrentará la Fiscalía para lograr llegar al ideal buscado. No sólo porque tiene que empezar una serie de concursos de méritos para ocupar las nuevas vacantes, sino porque tendrá que rediseñar su estrategia para perseguir criminales en el país. Y es que uno de los objetivos es instaurar como política institucional el modelo de investigación a través de la priorización y el contexto. Según explicó Ortiz, esta determinación se debe a la cantidad de volúmenes de expedientes que tienen los fiscales: “Al año tenemos un 1.800.000 denuncias, más las compulsas de copias (solicitud de investigaciones). Sólo en Justicia y Paz tenemos más de 300.000 después de escuchar a los postulados. En la entidad sólo contamos con 4.400 fiscales para más de dos millones de procesos, algo que desborda las capacidades, por eso se aplicó el modelo de priorización e investigación en contexto.”

A partir de la próxima semana la Fiscalía tendrá un total de 19 nuevas direcciones. El despacho del fiscal general tendrá una labor más administrativa mientras que el despacho del vicefiscal se encargará de coordinar todos los temas procesales y de investigación penal. Las nuevas tareas de la cabeza del ente investigador estarán enfocadas en la coordinación de los fiscales delegados ante la Corte Suprema y a las relaciones internacionales, por esta razón, se crearon cuatro cargos denominados Consejeros Jurídicos. Estas personas tendrán la labor de trabajar en el exterior con el fin de establecer nexos más cercanos con distintos países y así perseguir, por ejemplo, bienes en el exterior. Hasta el momento el fiscal Montealegre estableció Estados Unidos y Alemania como dos de las sedes fijas para estos consejeros. Asimismo, se evalúa la posibilidad de enviar un delegado a España y otro a un país asiático.

Otro de los grandes objetivos que busca la reestructuración es la profesionalización y especialización de sus funcionarios. Unas de las grandes apuestas están centradas en la creación de las policías judiciales –la Económica Financiera (PEF), Extinción de Dominio, Derechos Humanos, Crimen Organizados y Aforados Constitucionales (PAC)– y direcciones de fiscalías especializadas, que contarán con unidades para crímenes contra los derechos humanos, contra el crimen organizado, contra el terrorismo, contra la corrupción, para la Justicia Transicional, Anticorrupción y Lavado de Activos, y para la Extinción de Dominio. En pocas palabras, lo que busca la reforma es crear aparatos que logren desarticular grandes organizaciones y tener investigadores idóneos para temas tan específicos como los que se presentaron en casos como Interbolsa y el desfalco a la salud.

Para lograr esta dinámica, la Fiscalía también creó una universidad que entraría a funcionar desde el próximo año. El ideal es que las personas que salgan de la institución trabajen en el ente investigador y hagan carrera judicial. Según la asesora Ortiz, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) –que continuará trabajando como anteriormente lo venía haciendo– tan sólo tenía 64 investigadores profesionales y el resto, el 72%, eran técnicos. Una de las pretensiones de la restructuración es no limitar las funciones de los investigadores profesionales y las unidades especializadas a un solo campo de acción, sino lograr la articulación total de la entidad. Para esta labor, se creó la Dirección de Articulación de Fiscalías Especializadas, la Dirección de Fiscalías Nacionales y la Dirección de Seccionales y Seguridad Ciudadana.

Prácticamente, lo que busca la Fiscalía es, primero, tener presencia en todo el territorio nacional –habrá una sede en los 32 departamentos y Cali, Bogotá y Medellín tendrán una dirección propia–, y segundo, evitar que una decena de fiscales trabaje en un mismo caso sin articulación. Por ejemplo, Ortiz señaló que el proceso contra los Pascuales en Bogotá había 32 funcionarios trabajando el mismo tema y jamás se habían reunido. En estos momentos es que inicia el reto real del ente investigador, poder tener una entidad que trabaje como un solo engranaje, en la que sus funcionarios logren ascender por méritos y evitar la burocracia. “De los 28.000 cargos que tendrá la Fiscalía, 307 serán de libre nombramiento y remoción, 226 cargos directivos y 81 asesores, algo que representa menos del 1% de la planta”, puntualizó la mujer detrás de la reestructuración.

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@santsmartinez