La hora crítica de la justicia

Por el paro, en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, se suspendieron todas las actividades. / Gustavo Torrijos

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Cualquier duda sobre la crisis que padece la justicia en Colombia quedó despejada este jueves, cuando llegó la hora cero de un paro que algunos sindicatos habían anunciado desde la última semana de septiembre. No sólo se hizo tangible la división entre las diferentes organizaciones, sino que sorprendieron las medidas anunciadas por la Fiscalía. El ente investigador mandó una circular advirtiendo que quienes no asistieran a trabajar iban a enfrentar descuentos salariales. Esto es, que les descontarían de su sueldo los días no laborados.

Además, se les encomendó a los jefes inmediatos ejercer un estricto control de asistencia “para verificar el cumplimiento de los horarios de trabajo y el normal desarrollo de las actividades en la entidad”. Una posición que sorprende cuando hace apenas dos semanas el fiscal general, Eduardo Montealegre, estaba llamando a una rebelión de todos los administradores de justicia para oponerse a la idea de crear un tribunal de aforados que juzgue a altos dignatarios como él.

“Tenemos que salir a las calles a hacer protesta, en los juzgados, en los foros, en el país, para mandar una señal inequívoca de que nosotros no vamos a declinar en los temas de autonomía de la justicia y que no va la clase política a arrinconar y a doblegar a la justicia colombiana. Yo creo que el gran lema es que no permitamos la politización de la justicia colombiana”, sostuvo desde Cartagena, luego de calificar la propuesta como una segunda toma del Palacio de Justicia.

Sin embargo, cuando se trata de una protesta motivada desde el malestar mismo de los trabajadores judiciales, las cosas parecen ser a otro precio. “No sabemos a qué juega el fiscal. Cuando lo tocan, él se amparara en los trabajadores: hace como once días nos convocó para ayudarle a evitar que fuese el tribunal de aforados el que lo juzgara. Pero ahora que ya consiguió echar eso para atrás, se salió de esta situación porque no lo afecta”, sostuvo Álvaro Márquez, presidente del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores de la Fiscalía General de la Nación, una de las organizaciones que decidió sumarse al paro.

Y es que una de las principales razones por las que se convocó a este cese de actividades es el malestar que ha generado la reestructuración del ente investigador. “El paro contempla la manera como él (Montealegre) ha hecho la reestructuración, donde esperábamos que nombrara más fiscales, y lo que ha hecho es crear una especie de burocracia”, sostuvo el presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado, el pasado martes. Una situación que, añadió, generó fuertes inconformidades en los trabajadores.

En este sentido, Álvaro Márquez explicó: “en la Fiscalía lo que ha aumentado es la burocracia a nivel directivo. Ahora existen 318 puestos directivos, cuando antes eran 198. El costo de esos cargos ascendió de $1.000 millones a $2.300 millones. Mire, a la opinión pública se le ha engañado sobre la agilidad con la reestructuración. ¿Cómo vamos a responderle al país si no se ha nombrado a los verdaderos fiscales e investigadores para evitar las congestiones?”.

Eso sin contar que el paro también abarca las exigencias por el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2012, la continuidad del programa de descongestión —que tiene presupuesto hasta mediados de noviembre — y la continuación del proceso de nivelación salarial. Unas reivindicaciones a las que no se sumó un sector importante de organizaciones y, por lo tanto, no entraron en cese indefinido de actividades. La división en el gremio es indiscutible.

En la orilla opuesta se encuentra el otro sector de Asonal que se negó a participar de la protesta y que es liderado por Luis Fernando Otálvaro. Este último sostuvo que “así los objetivos sean justos, no es el momento para manifestarse. Todavía es prematura la lucha por la descongestión del mes de diciembre”. Y agregó que la preocupación del gremio debe estar en la reforma a la justicia, porque de nada vale luchar y lograr condiciones si la Rama va a cambiar.

Sin embargo, la no participación de Otálvaro en la jornada estuvo marcada por críticas de otros sindicatos, que sacaron a relucir el nombramiento de uno de sus hijos en la Fiscalía de Medellín. Márquez indicó que “Otálvaro no tiene moral para apoyar este paro, después de que nombraran al hijo en el CTI”. A lo que Otálvaro respondió que su hijo tiene todos los méritos para alcanzar ese cargo y que a él no lo tienen que comprar con nada, porque “si hay alguien que se ha dado la pela por las conquistas de los trabajadores he sido yo, como para que vengan a decir que me trancé por un salario”.

Al margen de las divisiones entre las organizaciones sindicales, llama la atención la postura asumida por la Fiscalía para frenar un paro anunciado. Y preocupa aún más que el Consejo Superior de la Judicatura haya tomado una decisión similar el pasado 3 de octubre: presentar informes sobre los funcionarios judiciales que participen, identificar que sedes se cierran y “analizar la pertinencia de mantener las medidas de descongestión que no estén laborando normalmente”. Un cúmulo de decisiones que, a pesar de la coyuntura, agravan la dura situación por la que pasa la Rama Judicial.