Horror de desaparecidos en Colombia llega a ONU

Julio Molina y Guillermo Anzola fueron desaparecidos en Puerto Triunfo (Antioquia) en 1995. Dos abogados de la Comisión Colombiana de Juristas llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU y fue acogido.

María José Medellín Cano
12 de febrero de 2016 - 03:59 a. m.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entró en vigencia en Colombia el 23 de marzo de 1976. / EFE
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entró en vigencia en Colombia el 23 de marzo de 1976. / EFE

La advertencia era clara: cualquier persona extraña que transitara por Puerto Triunfo, municipio de Antioquia ubicado en el Magdalena Medio, corría el riesgo de ser investigada o desaparecida por los paramilitares. El aviso lo escucharon Rosa María Serna y Luz Elena Usuga de la voz de un policía mientras preguntaban en hospitales, morgues y hasta cementerios por la suerte que habían corrido sus maridos, Julio Molina y Guillermo Anzola, amigos de trabajo, quienes debían regresar a Medellín el 9 de marzo de 1995 pero nunca lo hicieron. Hoy hacen parte de las 117.646 personas, que según la Fiscalía, están desaparecidas en Colombia.

Cuando ambas mujeres se trasladaron a Puerto Triunfo para averiguar qué había pasado con sus esposos, nadie les supo contestar. Han pasado 21 años desde que sintieron la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos y siguen sin saber qué fue lo que les pasó. Los abogados de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) Federico Andreus y Camilo Eduardo Umaña, hijo del defensor de derechos humanos Eduardo Umaña, se enteraron de la historia en 2009 y decidieron llevar el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, una instancia poco abordada desde Colombia.

Se trata de un órgano que se creó tras adoptar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la Asamblea General de la ONU en 1966. Desde el 23 de marzo de 1976, Colombia hace parte de los 168 países que han ratificado este pacto y sus reglas tienen fuerza vinculante, es decir, sus normas son de obligatorio cumplimiento. “Decidimos presentar el caso ante esta instancia porque consideramos que los hechos encajaban muy bien con los temas que trata el comité”, le explicó a El Espectador el abogado Camilo Umaña.

El 1º de septiembre de 2011 el Comité recibió la comunicación de los familiares de las víctimas, quienes explicaron el contexto de la desaparición de Julio Molina y Guillermo Anzola y expresaron que a ambos se les habían violado nueve derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre los cuales se destaca su derecho a no ser privados arbitrariamente de su vida, la tortura que constituye ser víctima de desaparición forzada y que, al estar desaparecidos, se les violó su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

En su defensa, el Estado alegó que no se podía concluir que la presunta desaparición de Molina y Anzola correspondía a una acción criminal perpetrada por los grupos armados ilegales que tuvieron presencia en el Magdalena Medio, y que consideraron un abuso que se presentara la denuncia 16 años después de ocurridos los hechos. Pero las víctimas insistieron: afirmaron que en la vía en la que desaparecieron ambos hombres operaba el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), bajo el comando de Ramón Isaza, y que lo que ocurría allí lo conocían las autoridades militares del Batallón Bombona y de la Brigada XIV.

“No hay un plazo para la presentación de las comunicaciones. Las violaciones de los derechos siguen vigentes, toda vez que siguen desaparecidos y sus familias no han tenido información oficial acerca de su paradero ni han obtenido justicia, verdad y reparación”, dice el documento elaborado por 17 miembros del Comité, conocido por El Espectador. “Nosotras hicimos de todo para que alguien nos ayudara. Pero nadie lo hizo. En esa lucha fue que conocimos el trabajo de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes) y con ellos presentamos miles de papeles para que alguien nos ayudara a buscar”, le dijo a este diario Rosa María Serna, esposa de Julio Molina.

En total, con la ayuda de Asfaddes y la CCJ, Rosa María Serna y Luz Elena Usuga presentaron más de 30 documentos, entre derechos de petición y denuncias, en procuradurías, comisarías de policía, Fiscalía y hasta en la Presidencia. Pero nadie nunca les contestó. Por eso, cuando el Comité deliberó sobre el caso, concluyó que la desaparición de Molina y Anzola “no fue objeto de una investigación seria ni exhaustiva por parte de las autoridades judiciales y que nunca pudieron constituirse en parte en el proceso, lo que constituyó una denegación de justicia. El Comité consideró que esta situación se encuentra íntimamente relacionada con el fondo de las violaciones”.

Además, en el examen que realizó el Comité para publicar el dictamen final, aprobado el 9 de julio de 2015, les dio toda la razón a las víctimas y por ello le dio un plazo de 180 días al Estado colombiano para que le informe a la ONU las medidas que haya adoptado para reparar y respetar los derechos de las víctimas de este caso, que durante 21 años han sido violados. Si bien no es el primer caso en que una demanda prospera ante el Comité –el caso de Nidia Érika Bautista fue el pionero–, sí marca un precedente que el abogado Umaña explica así: es el primero en el que se reconoce que con una desaparición forzada el ausente no solo es el cuerpo físico de las víctimas, sino también su personalidad jurídica y la protección de sus derechos.

“Además, por primera vez un Comité de la ONU deja por sentada la relación directa entre los grupos paramilitares con el Estado por su abandono institucional en muchos lugares de Colombia. Y finalmente, es importante este dictamen para muchas familias de desaparecidos en Colombia que jamás han tenido respuesta del Estado”, comentó Umaña. Aunque todavía no se sabe cuáles han sido las medidas adoptadas por Colombia, Rosa María Serna aseguró que tener el apoyo de una organización tan importante como la ONU resulta un estímulo después de tantos años sin el apoyo de nadie.

“No ha pasado ni un solo día en el que no busque a mi esposo. Y así como se convirtió en la cosa más espantosa que me ha tocado vivir, me levanto todos los días, porque si no lo hago, ¿quién lo va a buscar?”, manifestó Rosa María Serna. A la espera del pronunciamiento del Estado están las familias Molina Serna y Anzola, y los abogados Andreus y Umaña. “Este dictamen puede ayudar a entender que la desaparición en Colombia es un tema que se vive en carne y hueso y que, al no encontrar respuestas, se convierte en la absoluta negación de la condición humana”, concluyó el abogado Umaña. El Espectador intentó conocer si ya se presentó una respuesta, pero al cierre de esta edición la Cancillería no se había pronunciado.

 

Por María José Medellín Cano

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