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Este viernes, tras el anuncio de que el Ministerio de Hacienda le desembolsará al menos $30.000 millones a la Unidad Nacional de Protección (UNP), el temor por el posible desmonte de los esquemas de seguridad pareció conjurado. El director de la Unidad, Andrés Villamizar, reportó en su cuenta de Twitter que ese dinero “soluciona parcialmente el problema” de iliquidez que enfrenta la entidad. Sin embargo, el déficit presupuestal está lejos de solucionarse. Según pudo establecer este diario, la UNP les debe $49.000 millones a las tres uniones temporales con las que contrata la prestación de los servicios de seguridad. Así, a Protección 33, que opera el 50% de los esquemas, le adeuda $30.000 millones; a Siglo XXI, $12.000 millones, y a Sevicol, $7.000 millones. Un monto nada despreciable que corresponde a la operación de esos consorcios entre mayo y octubre de este año.
Fuentes cercanas a las compañías sostuvieron que “esa falta de pago terminó afectando el resto de las operaciones comerciales, tales como el pago de vigilantes de unidades residenciales y otros empleados. Las uniones temporales terminaron subsidiando al Gobierno, pagando de su bolsillo, transitoriamente, la protección que el Estado debe brindar”. Y señalaron que “invirtieron todo su capital para soportar el programa de protección de personas en situación de riesgo”, por lo que vieron seriamente afectada su cartera.
Por eso, hace dos semanas sostuvieron una reunión con Villamizar, en la que le reclamaron el pago de las facturas represadas, so pena de cesar las actividades. En esa ocasión se acordó que, en adelante y durante los próximos dos meses, la UNP hará un desembolso semanal por cada unión temporal. Pero el primer pago no llegó y fue justamente ese incumplimiento el que generó la crisis que Villamizar denunció este jueves. La imposibilidad de las empresas de seguir costeando las operaciones impidió que los salarios de los escoltas fueran cubiertos en octubre, por lo que este viernes se plantaron frente a la sede de la UNP para exigir soluciones.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, declaró que “lo que ha habido de parte del Ministerio es diligencia y gestión”, y le reclamó “orden” a la UNP porque, según él, “no podemos tener un Estado en Colombia donde las entidades gastan y después piden recursos”. En ese sentido, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que se están tomando medidas de austeridad para que la UNP pueda funcionar adecuadamente en 2015.
En agosto, luego de que estallara el escándalo de corrupción en la entidad, Villamizar había señalado que “la UNP siempre ha funcionado deficitariamente ante Hacienda” y que esa situación era justamente la que había facilitado que los entonces secretario general, Julián Marulanda, y director administrativo de la UNP, Luis Eduardo Molino, les pidieran sobornos a las uniones temporales con el fin de agilizar el pago de millonarias facturas. Pese a la controversia, el funcionario reconoció que debe recortar el gasto y anunció que se están desmontando al menos 100 esquemas que ya no son necesarios.
Por ahora, las empresas aseguran que el giro anunciado este viernes es “un paño de agua tibia”, teniendo en cuenta que $30.000 millones sólo alcanzan para que la UNP funcione durante un mes. Además, que más del 70% de ese monto se destina a los esquemas; es decir, corresponde al pago de los contratos con las uniones temporales. Eso sin contar la deuda que, al menos en el caso de Protección 33, contrajo la unidad en junio de este año, cuando se vio obligada a firmar un contrato de urgencia manifiesta por $8.000 millones. Se especula que en las próximas semanas se abrirá la licitación para la adjudicación del jugoso negocio de la protección en el país.
En la controversia también medió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, le pidió al Estado no limitar la protección de las personas en riesgo y fiscalizar la adecuada inversión de los recursos públicos destinados para tal fin. En Colombia, algunos sectores también se han manifestado en ese sentido. La Fundación para la Libertad de Prensa ya anunció que los esquemas de protección destinados a 100 periodistas no han funcionado adecuadamente durante las últimas siete semanas, lo que “afecta gravemente el derecho de la sociedad a estar informada”.